La crisis en la atención médica del PAMI sumó un nuevo capítulo en Santa Fe y encendió una señal de alerta en el sistema sanitario provincial. El Gobierno de Santa Fe advirtió que el deterioro en la cobertura de la obra social de jubilados ya impacta de lleno en la red pública, que enfrenta una creciente demanda en un contexto económico adverso.
El tema fue abordado en una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro en Rosario. Allí se analizó el aumento sostenido de afiliados de PAMI que recurren a hospitales y centros de salud provinciales ante las dificultades para acceder a prestaciones dentro del sistema nacional.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, detalló la magnitud del fenómeno y puso cifras concretas sobre la mesa: “De un 28% de usuarios sin cobertura que atendemos en nuestra red, el 25,2% corresponde a afiliados de PAMI que están accediendo a nuestros servicios. Eso ya implica una inversión muy importante de la provincia”.
En ese marco, la funcionaria cuestionó con dureza las condiciones actuales del sistema. “Nos preocupa y nos parece totalmente injusto el recorte en los honorarios profesionales. Pensar en valores cercanos a los 2000 pesos por afiliado no solo es injusto para los médicos, sino también para los pacientes”, sostuvo. Y agregó: “Estamos siguiendo de cerca esta situación porque impacta directamente en la calidad de atención”.
Mientras tanto, desde el sistema público intentan contener la demanda. “Ante la emergencia, tratamos de que el afiliado de PAMI pueda acercarse a nuestros centros de salud y encontrar alguna respuesta. Pero la responsabilidad es del PAMI y del gobierno nacional, y lo vamos a reclamar todas las veces que sea necesario”, remarcó Ciancio.
El conflicto se profundizó en las últimas semanas tras la implementación de una nueva normativa que redujo de manera significativa los honorarios médicos. Profesionales del sector denunciaron que actualmente perciben alrededor de 2100 pesos por consulta, un valor que —según advierten— pone en riesgo la continuidad del servicio. La medida, además, habría sido adoptada de forma unilateral, sin acuerdo con los prestadores, lo que derivó en protestas, recortes de atención y tensiones en distintos puntos del país.
Según referentes médicos, los ingresos mensuales estimados oscilan entre 600 mil y 700 mil pesos, cifras insuficientes para cubrir costos básicos como alquileres, servicios e insumos. A esto se suma un cambio en el esquema de pagos que elimina el cobro por prestación individual, lo que genera una “licuación” de los honorarios cuando los pacientes requieren múltiples consultas. En comparación, otras obras sociales abonan entre 12 mil y 18 mil pesos por consulta, lo que refleja una caída cercana al 50% en los ingresos.
El impacto no es solo económico. Los profesionales también advierten un deterioro en la relación con los afiliados, en su mayoría adultos mayores con quienes mantienen vínculos de larga data. Si bien muchos médicos manifiestan su voluntad de sostener la atención, reclaman una intervención urgente de las autoridades para evitar el colapso del sistema.
En paralelo, la situación en los efectores propios de PAMI en Rosario también genera preocupación. Jubilados y trabajadores de los policlínicos PAMI 1 y 2 denunciaron un proceso de vaciamiento que se habría profundizado en el último tiempo. Según señalaron, más de 100 trabajadores renunciaron desde el cambio de gobierno nacional debido a los bajos salarios, mientras que unos 300 empleados continúan bajo condiciones de precariedad, con contratos que se renuevan cada tres meses.
El escenario combina recortes, pérdida de profesionales y mayor presión sobre el sistema público, en una dinámica que —según advierten desde la provincia— podría agravarse si no se revisan de manera urgente las políticas sanitarias a nivel nacional.
