El fiscal federal Claudio Kishimoto presentó esta semana la apelación contra el fallo que sobreseyó a 42 productores ganaderos imputados por los incendios que afectaron gravemente a las islas del Delta del Paraná en 2020. La decisión judicial, dictada a fines de marzo por el Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, cerraba una causa que había generado una fuerte presión social e institucional por el humo constante que invadía Rosario y otras ciudades ribereñas durante semanas. Según confirmó el propio fiscal, la apelación se presentó en el último día del plazo legal, con el objetivo de que el caso llegue ahora a revisión de la Cámara Federal de Apelaciones.
En su escrito, Kishimoto sostiene que los productores tuvieron al menos una conducta culposa al no evitar el ingreso de terceros ni tomar medidas para prevenir el avance del fuego, aun cuando no haya pruebas directas de que iniciaron intencionalmente los focos ígneos. El fallo de 191 páginas que los benefició había sido celebrado por sus defensas. Uno de los abogados, Mauro Rodríguez, exfuncionario del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos y ahora defensor de varios imputados, afirmó que la sentencia fue “impecable” y defendió el accionar de sus representados: “Colaboraron con los brigadistas y nunca promovieron los incendios”.
La causa judicial se había iniciado en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, cuando el humo de las quemas cubrió de forma persistente a Rosario y generó alarma sanitaria, protestas ciudadanas y un nuevo debate sobre el uso del suelo en las islas. Frente a la falta de respuestas provinciales y nacionales, el intendente Pablo Javkin impulsó una denuncia penal con imágenes satelitales, registros de GPS, testimonios e informes ambientales que señalaban la repetición de focos de fuego en campos de propiedad privada, muchos de ellos utilizados para ganadería extensiva.
A lo largo de cinco años de investigación, el expediente reunió miles de páginas, pericias y cruces de datos. Sin embargo, para el juzgado a cargo del magistrado Leandro Ríos, no fue posible vincular con certeza a los dueños de los campos con el inicio de los incendios. “No hay pruebas de una conducta dolosa”, sostuvo el fallo, aunque sí reconoció que los productores no adoptaron medidas para mitigar el daño. La Fiscalía, en cambio, insiste en que ese comportamiento pasivo constituye un delito ambiental y que el fallo “no valoró adecuadamente la magnitud del daño ecológico y sanitario causado”.
El sobreseimiento fue rechazado por organizaciones ambientalistas, vecinos autoconvocados y académicos que desde hace años denuncian un patrón de incendios ligados al avance de la frontera agropecuaria sobre los humedales. También generó malestar en sectores políticos de Rosario, donde la emergencia ambiental derivó en varios proyectos de ley, audiencias públicas y reclamos por una Ley de Humedales. Mientras se espera la resolución de la Cámara, la Municipalidad todavía no informó si también apelará. El futuro judicial de la causa vuelve a estar en juego, con el Delta otra vez en la mira de la Justicia y de la opinión pública.
