El consultor Guillermo Ferraro confirmó que, a partir de la asunción de Javier Milei a la Presidencia, será el ministro de Infraestructura de la Nación, cartera que concentrará las áreas de Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones, al tiempo que afirmó que el enfoque será estimular la inversión privada y la “racionalización del Estado”.
“El ministerio es nuevo, no existe actualmente, y está dentro de la racionalización del Estado, del sector público; es la consolidación de los que hoy son ministerios, como Transporte y Obras Públicas, así como Energía, Minería, Comunicaciones”, anunció este martes Ferraro en declaraciones a Radio Mitre.
Asimismo, remarcó que ya hay “equipos trabajando”, y anticipó que “en la Secretaría de Energía viene trabajando desde marzo Eduardo Rodríguez Chirillo”, mientras que “en Comunicaciones, un equipo bastante intenso, con gente que estuvo en Enacom”. “Tanto en ese área como en Obras Públicas y en Transporte van a estar a cargo personas muy probadas, conocidas, idóneas y confiables para el sector privado, con experiencia en el sector público”, enfatizó.
“El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, con lo cual es un ministerio que tiene estas áreas pero básicamente va a dar la orientación y los lineamientos y la declaración de interés para nosotros y la Nación de aquellos proyectos que involucran estas áreas”. “Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión”, remarcó Ferraro.
En cuanto a las iniciativas dentro de su cartera, Ferraro manifestó: “Hay una enorme deuda, que es generar una red vial que arranque capilarmente con los caminos rurales y troncalmente se vaya por las rutas nacionales y provinciales, y termine en los accesos portuarios, tanto de Rosario (Santa Fe) como de Quequén (Buenos Aires)”.
El dirigente de LLA, quien estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de la Fiscalización de La Libertad Avanza durante las últimas dos elecciones (general y ballotage), tendrá a cargo los actuales ministerios de Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Telecomunicaciones y Minería, hasta el momento independientes.
“El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado”. Y enfatizó: “Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado”.
El próximo ministro de Infraestructura ya cumplió funciones públicas en el pasado. Fue subsecretario de Industria de la Nación entre los años 2002 y 2003, y luego de la crisis de 2001 trabajó en el banco regional Bisel, que luego fue vendido a la banca privada nacional. Trabajó los últimos 14 años como director de la empresa KPMG Argentina, una multinacional que ofrece servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países.
Según su perfil de LinkedIn, fue el “director responsable de nuevos negocios y proyectos de infraestructura” desde abril de 2010 y abril de 2023. Luego, en los últimos meses, se dedicó a ofrecer el mismo servicio pero de forma independiente.
“A la chilena”
Ferraro apuntó que una de las prioridades de su gestión será incentivar la inversión del sector privado en infraestructura. Para eso, dijo que se regirán “absolutamente” por un modelo “a la chilena”. Tras cuestionar las numerosas obras incompletas o abandonadas que hay en la extensión del territorio argentino, señaló que el problema radica en “la ley de concesiones”, que buscarán reformar.
“Por desidia, falta de voluntad, o impericia, casi todas las concesiones ferroviarias, energéticas, hidroeléctricas y demás, que tienen su origen en los 90, vencieron en los últimos años y las administraciones no generaron nuevas condiciones, por lo que todas esas obras que fueron hechas y concedidas al sector privado hoy están en un portfolio de precariedad, de prórrogas, de tenencias precarias”, sostuvo.
Y aclaró: “Desde mediados del 2018 no se hacen inversiones en la infraestructura existente, porque el privado no sabe si continuará o no, y no se llama a concesión”.
Según sus estimaciones, y las de “organismos multilaterales como de las cámaras sectoriales”, la inversión que hay que realizar “por lo menos en valor la infraestructura existente y la nueva” ocupa alrededor de “15 puntos anuales de PBI”. Y resaltó: “Es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público. Actualmente se dedica el uno por ciento con un montón de problemas de financiamiento”.
Fuentes: Infobae, Rosario3.com y Página/12.
