En Rosario se multiplican las señales de alerta por el profundo deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad. La falta de actualización en los aranceles, los retrasos en los pagos, la implementación de auditorías excesivas y un silencio persistente por parte del gobierno nacional están llevando al límite a instituciones, profesionales y familias que dependen de esta red.
El panorama se volvió aún más complejo meses atrás tras la difusión de la resolución 187/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que retomó terminología obsoleta como “idiotas” o “débiles mentales”, generando un amplio repudio en el sector. A esto se sumó una crítica generalizada a los nuevos procesos de control implementados por Nación, señalados como “asfixiantes” e “imposibles de cumplir” por muchas organizaciones.
En este marco, desde Rosario se pidió una audiencia formal con el director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El pedido fue canalizado por la concejala socialista Verónica Irizar, en conjunto con autoridades del Consejo Municipal de Discapacidad. El objetivo es poner en agenda la gravedad de la crisis que atraviesan los prestadores, instituciones y personas con discapacidad, y exigir información sobre los procesos de auditoría y los criterios de financiamiento.
“Estamos frente a una situación crítica. La inflación acumulada entre diciembre de 2022 y mayo de 2025 fue del 668%, mientras que Nación solo actualizó el 340% de los aranceles que cobran los prestadores”, advirtió Irizar. Según detalló, esa brecha ha puesto en jaque el funcionamiento de centros de día, servicios de acompañamiento terapéutico y equipos interdisciplinarios, fundamentales para garantizar autonomía e inclusión.
Desde el Concejo Municipal se plantea, además, la necesidad de generar mecanismos de cooperación entre el gobierno local y Nación para evitar el colapso del sistema. La preocupación también se extiende a las familias, que denuncian el abandono del Estado en el sostenimiento de las prestaciones básicas.
“El sistema eficiente, inclusivo y humano que se fue construyendo durante décadas está en riesgo. Si se siguen desarticulando los vínculos entre instituciones, profesionales y familias, lo que se rompe es mucho más que una prestación: es una red de cuidado que llevó más de 30 años consolidar”, concluyeron desde el Consejo.
