lunes 19 enero 2026

La Legislatura santafesina aprueba pliegos para nuevos fiscales en un proceso con críticas y apoyos

En una jornada marcada por avances institucionales y fuertes contrapuntos políticos, la Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves 39 pliegos de fiscales subrogantes que se sumarán al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Veintidós de estos nuevos funcionarios judiciales cumplirán funciones en la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, correspondiente al Departamento Rosario.

La votación tuvo lugar tras la presentación del informe de gestión de la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien remarcó la baja de delitos violentos como uno de los logros recientes del organismo. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, destacó que “el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado permitió bajar el delito en Santa Fe” y subrayó la importancia de leyes clave como la de Narcomenudeo, que habilita al MPA a intervenir en casos de microtráfico de drogas, y la inminente implementación del nuevo Sistema Penal Juvenil.

“Santa Fe muestra una institucionalidad que ya es marca registrada de la provincia”, expresó García. A su vez, valoró la incorporación de estos fiscales como parte de una política de fortalecimiento de la justicia penal, e incluso anticipó el impulso para otorgar rango constitucional al MPA en una futura reforma.

Sin embargo, no todas las voces acompañaron el proceso con entusiasmo. El diputado Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) se abstuvo en la votación y criticó duramente el método de selección de los pliegos enviados por el Ejecutivo. “La información que se suministró a la Asamblea es vergonzosa: solo currículums, sin referencias al desempeño en los concursos”, denunció. Y agregó: “El decreto 654 firmado por el actual gobernador eliminó el orden de mérito, devolviendo al Ejecutivo una discrecionalidad que habíamos superado en 2007, cuando Hermes Binner se autolimitó para garantizar idoneidad en las designaciones”.

Para Palo Oliver, el sistema actual representa un retroceso institucional que “viola los estándares de la Corte Suprema en el caso Rizzo” y abre la puerta a valoraciones subjetivas más que técnicas en la elección de funcionarios clave.

En este escenario complejo, los nuevos fiscales —que deberán ser evaluados antes de su confirmación definitiva en el cargo— asumen la responsabilidad de investigar delitos en una provincia que, si bien muestra señales de recuperación institucional, aún enfrenta desafíos estructurales en seguridad, justicia y transparencia.


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