La Legislatura provincial aprobó este miércoles por la tarde una profunda modificación en el Código Procesal Penal de la provincia, que incluye un paquete de leyes orientado a una reforma judicial, uno de los objetivos del gobierno de Maximiliano Pullaro. Las modificaciones van desde la ampliación de los tiempos de fiscalía para revisar las detenciones preventivas hasta la implementación del carácter optativo de las audiencias imputativas y modificaciones en el régimen procesal penal más utilizado en la seccional Rosario: los procedimientos abreviados.
La iniciativa aprobada modifica más de 40 artículos de la Ley 12734, se incorporan siete artículos y se derogan otros cinco, de la Ley 12734 – Código Procesal Penal de la Provincia. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado santafesino y posterior sanción definitiva en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Se trata de la mayor reforma del Código desde 2007, año en que fue implementado.
Uno de los puntos clave de discusión en el ámbito legislativo fue asegurar la constitucionalidad de las reformas, un aspecto resaltado por los miembros del oficialismo en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, José Corral y Martín Rosúa, del radicalismo, junto con Rubén Galassi del partido socialista, destacaron este aspecto. Sin embargo, Silvia Malfesi de Somos Vida y Fabián Palo Oliver del Frente Amplio por la Soberanía objetaron la redacción de algunos artículos por considerar que violaban normas constitucionales y tratados internacionales, especialmente en lo referente a la detención de personas.
Después de pasar por el escrutinio del Senado, el expediente fue remitido rápidamente a Diputados. En esta cámara, el proyecto fue aprobado por 33 miembros, mientras que los dos representantes de la izquierda (Palo Oliver y Carlos Del Frade) expresaron su rechazo. Sin embargo, durante la votación en detalle, surgieron objeciones a ciertos artículos por parte del interbloque justicialista, y tres miembros de Somos Vida votaron en contra. Además, hubo abstenciones y rechazos adicionales por parte de Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) respecto a ciertos puntos específicos del proyecto.
Voces a favor
Durante el debate se manifestaron opiniones divergentes, especialmente por parte de los bloques peronistas, celestes y libertarios, que expresaron su oposición a ciertos artículos, como el 9, 10 y 20, especialmente en este último por su redacción, remarcada por el socialista Joaquín Blanco.
El diputado José Corral destacó la importancia de estas reformas «para fortalecer las instituciones provinciales y responder a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad». Asimismo, resaltó el amplio proceso de consulta llevado a cabo con jueces, fiscales y otros actores del sistema judicial para garantizar la efectividad y legitimidad de las medidas adoptadas.
«Este nuevo Código permite el uso de las figuras y procedimientos aprobados en esta Cámara y solicitadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, para hacer frente a uno de los mayores problemas de los santafesinos: la inseguridad», afirmó el diputado provincial del oficialismo, Dionisio Scarpin. En esa línea, remarcó que «era necesario adaptar las normas procesales a las leyes solicitadas por el gobernador y aprobadas en la Legislatura, para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico».
Scarpin detalló algunas de las modificaciones más importantes, destacando el cese del estado antijurídico. «Significa que los inmuebles o terrenos usurpados deben ser restituidos inmediatamente a sus propietarios. Además, en el caso de un auto o moto robadas, ni bien se encuentran deben ser entregadas a sus dueños», añadió.
En relación con los plazos de prisión preventiva, el diputado provincial señaló: «Pasaron de 48 a 96 horas, es decir que se duplicaron y se pueden prorrogar por la misma cantidad de días. Pero para los delitos complejos, generalmente asociados al narcotráfico, se extendió a 15 días y se pueden prorrogar por otros 15 días más para darle más tiempo a la justicia en la investigación».
Sobre las técnicas especiales de investigación aportadas por la Ley de Inteligencia, que se aprobó a finales del año pasado, el nuevo Código establece que deben ser solicitadas al juez. Scarpin señaló: «Las nuevas medidas especiales son: el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada. A partir de esta incorporación, las pruebas recolectadas por estas nuevas figuras son válidas y pueden ser utilizadas, por ejemplo, en los delitos relacionados al narcotráfico».
Otra modificación relevante es el rol que se le otorga al querellante en las audiencias imputativas, quien podrá participar de la misma y realizar preguntas al imputado. «Esto permite a las víctimas tener una participación activa en el proceso penal y solicitar pruebas o aportarlas», detalló el legislador provincial.
Además, a partir de las reformas realizadas al Código Procesal Penal, los juicios abreviados se podrán solicitar en cualquier momento de la investigación penal preparatoria. «Esta solicitud debe ser de manera conjunta entre el fiscal y el imputado con su defensa, y en el caso en que la víctima se haya constituido como querellante deberá manifestar su conformidad con este pedido», afirmó Scarpin.
Críticas del Inecip
Sin embargo, el Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), impulsor del cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, criticó las reformas impulsadas por Pullaro. «El mismo gobierno provincial que reclama la implementación en la Justicia federal de Rosario de un Código Procesal Penal Federal que establece la oralidad plena y plazos breves para agilizar la justicia; impulsa a nivel provincial una reforma en un sentido exactamente opuesto», expresó el instituto.
Según el Inecip, «los puntos más problemáticos del proyecto del gobierno provincial son dos: la escrituración de la investigación, eliminando audiencias y la extensión de los plazos para el control judicial de las detenciones. No es casual que ni siquiera el Ministerio Público de la Acusación se haya mostrado favorable a un proyecto que, supuestamente, viene a facilitar su actividad».
Uno de los puntos cruciales en el debate legislativo fue la garantía de la constitucionalidad de las reformas. Mientras los miembros del oficialismo resaltaron este aspecto, hubo objeciones por parte de legisladores de otros partidos, especialmente en lo referente a la detención de personas.
Tras el escrutinio del Senado, el proyecto fue enviado rápidamente a Diputados, donde fue aprobado con mayoría, aunque no sin críticas. Algunos sectores de la oposición expresaron objeciones a ciertos artículos, destacando la necesidad de un mayor análisis y discusión sobre aspectos específicos del proyecto frente a la delicada situación de instituciones como el MPA de Rosario.
Fuentes: Diario El Litoral, Conclusión y Diario El Ciudadano.
