El gobernador Antonio Bonfatti encabezará este lunes, a las 11, el acto de puesta en vigencia de la nueva Justicia penal, donde dará a conocer el decreto que establece como fecha de inicio el 10 de febrero de 2014, y designará a los fiscales y defensores que actuarán en el sistema. La ceremonia tendrá lugar en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe (San Martín 1540) y contará con la presencia de actores de todos los Poderes del Estado, además de los nuevos funcionarios designados.
Tras dar a conocer el decreto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal, decisión que el gobernador ya había anunciado en septiembre pasado luego de una reunión con la Corte Suprema y el fiscal general de la provincia, Bonfatti designará a los 79 nuevos funcionarios del sistema. Se trata de fiscales y defensores que rindieron un concurso público previo y que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura pues sus pliegos fueron aprobados en diferentes asambleas legislativas que se vienen llevando a cabo desde el 13 de septiembre de 2012.
Para poner en marcha este modelo diferente de enjuiciamiento penal fue necesario crear dos instituciones desde cero: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), órganos autónomos y autárquicos, independientes entre sí y del resto de los órganos judiciales, aunque integran en sentido amplio dicho poder. Los fiscales que se designan el 11 de noviembre se desempeñarán en el MPA y los defensores en el SPPDP. Se trata de la primera camada de funcionarios que trabajarán bajo los lineamientos del modelo acusatorio, oral y público (el régimen anterior se denominaba inquisitivo y era secreto y escrito).
Estos nuevos funcionarios desempeñarán sus cargos en distintos distritos de la provincia: Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Venado Tuerto, Melincué, Santa Fe, San Jorge, San Javier, Tostado, Rafaela, Reconquista, Vera y San Cristóbal, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los fiscales van a dirigir la investigación, formular acusación, actuar en juicio y formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, en tanto los defensores vienen a garantizar el acceso real al derecho de defensa. Debe tenerse en cuenta que la defensa pública es subsidiaria, es decir si el imputado no quiere o no puede pagar un abogado defensor la provincia se lo provee. La regla sigue siendo que el imputado de cometer un delito elige a su defensor.