Los abogados del gobernador Maximiliano Pullaro avanzaron este viernes con un pedido contundente en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal durante la gestión de Omar Perotti: solicitaron que el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sea condenado a 10 años de prisión e inhabilitado por el doble de tiempo para ocupar cargos públicos.
El planteo de la querella se suma al requerimiento que en noviembre de 2023 había hecho la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Ezequiel Hernández, que reclamó una pena de 11 años de prisión para el ex funcionario y la elevación del expediente a juicio oral, tras más de dos años de investigación.
- Según la hipótesis fiscal, Sain habría montado un equipo dedicado a confeccionar perfiles políticos, empresariales y sociales en la provincia, utilizando de manera indebida bases de datos públicas y privadas, así como investigaciones judiciales en curso.
- La acusación sostiene que la estructura operaba como una asociación ilícita con la finalidad de “cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, garantizando además la impunidad de sus integrantes.
En la instancia oral, además de Sain, serán juzgados seis ex funcionarios de su equipo: la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; la ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini; el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el ex subsecretario de Control Institucional, Diego Rodríguez; y la ex empleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard. Todos enfrentan cargos por inteligencia ilegal y acceso indebido a información sensible entre 2019 y 2021.
El avance de la causa contra Sain no solo pone bajo la lupa a la gestión de seguridad de la anterior administración provincial, sino que también se transformó en un terreno de disputa política. Para el oficialismo, el expediente simboliza la necesidad de marcar un quiebre con prácticas que consideran ilegales y persecutorias; mientras que para la oposición se trata de un proceso judicial que puede incidir en el futuro mapa de responsabilidades dentro del Estado santafesino. Con el juicio oral en el horizonte, el caso asoma como uno de los capítulos más sensibles en la agenda institucional y política de Santa Fe.
