Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de Régimen Penal Juvenil —que establece, entre otras modificaciones, la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años— el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia fijaron una postura coincidente y volvieron a mostrarse alineados en uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad.
Ambos dirigentes respaldaron el avance legislativo y reafirmaron una posición que sostienen desde hace años en la provincia. Pullaro fue contundente: “Lo dijimos siempre: delito de mayor, pena de mayor”. Recordó que esa postura ya formaba parte de su mirada cuando era jefe del Ministerio de Seguridad provincial y subrayó que la media sanción representa “un paso fundamental hacia el orden y la justicia”.
El gobernador sostuvo que animarse a modificar leyes que, a su criterio, no responden a la realidad actual es clave para fortalecer la seguridad pública. En esa línea, advirtió sobre la utilización de menores por parte de organizaciones criminales y remarcó que el Estado no puede permitir que sean empleados como ejecutores o escudos en estructuras delictivas.
En sintonía, Scaglia defendió el proyecto y evitó plantearlo en términos partidarios. “Si la ley sale, no es el logro de un gobierno sino de muchos argentinos que reclaman hace años una actualización del régimen penal juvenil”, señaló. Para la legisladora, la responsabilidad penal no puede quedar anulada cuando existe conciencia del delito: “Si hay delito grave, hay pena”.
Desde una mirada atravesada por la experiencia santafesina frente al narcotráfico, la diputada consideró que la imputabilidad desde los 14 años puede convertirse en un instrumento disuasivo frente al reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. Sin embargo, también marcó un matiz complementario al señalar que la política de seguridad no se agota en el endurecimiento penal.
“No alcanza con más fuerza; es necesaria inversión social”, sostuvo Scaglia, al tiempo que recordó los programas de intervención barrial focalizada implementados en Santa Fe como parte de una estrategia integral.
Con este posicionamiento conjunto, Pullaro y Scaglia volvieron a exhibir coordinación política en uno de los debates más sensibles de la agenda nacional, proyectando al plano federal una línea que el oficialismo santafesino viene sosteniendo en materia de seguridad y combate al delito.
El proyecto ahora deberá ser debatido en el Senado de la Nación. De obtener la sanción definitiva, establecerá un nuevo régimen penal juvenil que reemplazará la normativa vigente.
