La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para declarar la emergencia hídrica en todo el territorio provincial. La medida, impulsada ante los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno de El Niño, permanecería vigente hasta abril de 2027 y podría prorrogarse por otros seis meses si persisten las condiciones que motivaron su aprobación.
La iniciativa fue tratada este jueves durante la 12ª Sesión Ordinaria del Período 144. El objetivo central es dotar al Estado provincial de un marco jurídico que permita acelerar decisiones, obras y contrataciones destinadas a prevenir o mitigar las consecuencias de lluvias intensas, inundaciones y crecidas de los cursos de agua.
- El proyecto faculta al gobierno santafesino a adoptar medidas de prevención y brindar atención habitacional, alimentaria, sanitaria y de vestimenta a las personas afectadas. También habilita la organización de operativos de asistencia y evacuación en aquellos lugares donde las condiciones climáticas representen un riesgo para la población.
Dentro de ese esquema, los organismos y reparticiones provinciales podrán proyectar, contratar, dirigir y ejecutar obras hidráulicas consideradas urgentes. El texto incluye movimientos de suelo, construcción y reparación de terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, canalizaciones, lagunas de retardo y endicamientos de cursos de agua.
La declaración también contempla intervenciones sobre caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres. La Provincia podrá disponer clausuras, modificaciones, reparaciones o mejoras cuando esas acciones resulten necesarias para garantizar la circulación, asistir a localidades afectadas o facilitar el ingreso de equipos de emergencia.
Además, la ley habilitaría al Ejecutivo a afectar temporalmente terrenos o sectores de propiedades particulares cuando sean necesarios para ejecutar trabajos preventivos o contener los efectos de una contingencia hídrica. Estas decisiones quedarían comprendidas dentro de las facultades excepcionales otorgadas durante la vigencia de la emergencia.
Las compras de bienes, servicios y equipamiento podrán realizarse mediante procedimientos especiales y con carácter urgente. Lo mismo ocurrirá con las obras de infraestructura necesarias para responder ante el fenómeno climático. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar los mecanismos de selección, adjudicación y evaluación de las propuestas.
Aunque los plazos serán más acotados que en los procesos administrativos habituales, la normativa establece que las contrataciones deberán respetar criterios de transparencia, igualdad, concurrencia y competencia entre los oferentes. Como principio general, se requerirá una compulsa de ofertas o precios que permita comparar alternativas sin demorar la respuesta estatal.
El proyecto contempla, sin embargo, la posibilidad de contratar directamente cuando no exista más de un proveedor capaz de prestar un servicio, realizar una obra o entregar determinado equipamiento y la urgencia de la situación impida recurrir a otro procedimiento. En esos casos, podrá seleccionarse a la persona o empresa que garantice la ejecución del trabajo o la provisión de los bienes requeridos.
El Tribunal de Cuentas tendrá a su cargo el control externo de las medidas adoptadas durante la emergencia. El organismo contará con un plazo máximo de diez días hábiles para revisar los actos y procedimientos, y deberá comunicar sus conclusiones a ambas cámaras legislativas dentro de los diez días posteriores a la emisión del dictamen.
Los hechos y decisiones adoptados por el Ejecutivo y sus funcionarios en función de la emergencia también estarán sujetos a control. Aquellos realizados antes de la entrada en vigencia de la ley deberán ser informados a la Legislatura dentro de los cinco días posteriores a su promulgación.
Durante el debate, el senador Paco Garibaldi afirmó que la iniciativa fue trabajada “con responsabilidad y celeridad” y señaló que la prevención debe ocupar un lugar central ante los pronósticos climáticos. Desde el bloque justicialista, Rubén Pirola confirmó el acompañamiento al proyecto y aseguró que se realizaron aportes para fortalecer el texto.
Raúl Gramajo destacó la importancia de preparar al Estado con anticipación y transmitir tranquilidad a la población, mientras que el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, remarcó el consenso alcanzado entre los distintos bloques. Según planteó, la iniciativa permitirá contar con mayor flexibilidad para responder frente a eventuales lluvias extraordinarias.
Tras obtener media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá ser tratado por Diputados. Si recibe la aprobación definitiva, la Provincia quedará habilitada para aplicar el régimen excepcional, avanzar con obras preventivas y acelerar la asistencia en los puntos que puedan verse afectados por las condiciones meteorológicas.
