El Senado aprobó una serie de leyes impulsadas por la oposición y rechazó decretos clave del gobierno nacional, marcando una nueva derrota legislativa para el presidente Javier Milei. En una extensa sesión, se hicieron ley el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Además, se desactivaron cinco decretos presidenciales —cuatro delegados y un DNU— que recortaban funciones a organismos como el INTA, el INTI, Vialidad, el Banco de Datos Genéticos y entidades culturales.
El proyecto de financiamiento universitario, vetado por Milei en 2024, volvió a ser aprobado con una mayoría reforzada: 58 votos afirmativos, suficientes para resistir un nuevo veto presidencial. La ley garantiza fondos para el funcionamiento de las universidades, reabre paritarias y crea un fondo especial vinculado a carreras estratégicas. También se declaró la emergencia en pediatría por un año, con medidas que benefician al Hospital Garrahan y al personal de salud.
La sesión comenzó con el rechazo masivo a cinco decretos del Poder Ejecutivo que buscaban reformar o eliminar organismos autárquicos. Los decretos ya habían sido rechazados en Diputados y ahora quedaron sin efecto. La oposición denunció un uso excesivo de las facultades delegadas, y criticó la falta de información y el impacto sobre el empleo estatal. Afuera del Congreso, trabajadores afectados fueron reprimidos por fuerzas de seguridad.
La jornada legislativa también tuvo un fuerte contenido político: el presidente Milei acusó al Congreso de “secuestrar al país”, mientras que senadores opositores le recordaron que el Congreso está funcionando conforme a la Constitución. En paralelo, estalló la polémica por un nuevo aumento de dietas: Milei denunció públicamente la suba, mientras desde la oposición le respondieron con dureza y acusaciones de mentir sobre los montos reales.
La votación en el Senado reflejó el aislamiento del oficialismo, que sólo logró el respaldo de unos pocos aliados. La sesión se dio además en un contexto de creciente tensión social por los recortes y con sectores movilizados en defensa de la salud, la educación y los organismos científicos y culturales. La Cámara alta dejó así un mensaje político claro: hay límites institucionales para el ajuste unilateral.
