El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma laboral de Javier Milei con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, en una sesión que se extendió por más de cuatro horas y que marcó el cierre de las extraordinarias impulsadas por el oficialismo. La iniciativa fue sancionada tras la validación de la modificación introducida en Diputados, que eliminó el artículo 44 vinculado a las licencias médicas.
El oficialismo reunió el respaldo de bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y sectores provinciales, mientras que el peronismo votó en contra en forma unificada y anticipó una ofensiva judicial para cuestionar la constitucionalidad de varios artículos.
La ley introduce cambios estructurales en el régimen laboral argentino. Entre los puntos centrales, modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido —que podrán abonarse en hasta 12 cuotas—, habilita acuerdos paritarios por empresa por encima de convenios sectoriales, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con aportes laborales, incorpora un sistema de “banco de horas” que flexibiliza la distribución de la jornada y permite fraccionar las vacaciones anuales. Además, no reconoce relación de dependencia para trabajadores de plataformas digitales.
Uno de los aspectos más sensibles es la modificación del esquema de jornada laboral. Se mantiene el tope de 48 horas semanales, pero se habilita una distribución flexible sin obligación de pagar horas extras en determinados esquemas, siempre que se respete el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. La oposición advirtió que esto, en la práctica, diluye límites históricos de la legislación laboral.
También se dispone la disolución de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, lo que generó fuertes cuestionamientos desde sectores vinculados a la comunicación y a la defensa de derechos laborales específicos.
La defensa oficial estuvo encabezada por el senador libertario Juan Cruz Godoy en la apertura y por Patricia Bullrich en el cierre del debate. “Se crea empleo si protegemos a las empresas, si contratar no es una aventura imposible”, sostuvo la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, quien planteó que el objetivo es “un cambio moral” en la concepción del trabajo y afirmó que la normativa busca “defender la libertad”.
Desde la vereda opositora, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó la ley como “inconstitucional” y anticipó que será judicializada. Cuestionó el trámite parlamentario, denunció modificaciones de último momento en el dictamen y sostuvo que el nuevo esquema “quita derechos y debilita el poder de negociación de los trabajadores”.
En la misma línea, el senador Mariano Recalde, especialista en derecho laboral, advirtió sobre el impacto de la flexibilización horaria y sobre el financiamiento del FAL. Por su parte, el santafesino Marcelo Lewandowski sostuvo que la norma “no moderniza, precariza” y cuestionó el contexto social y económico en el que se aprueba la reforma.
La CGT y otras centrales sindicales ya anunciaron que el lunes presentarán recursos ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de la norma. El interrogante que se abre ahora es si la flexibilización laboral derivará en la creación de empleo, como sostiene el Gobierno, o si profundizará el deterioro de las condiciones laborales en un contexto de caída de la actividad económica.
Penal juvenil: baja la edad de imputabilidad a 14 años
En la misma jornada, el Senado aprobó también la nueva Ley Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.
El oficialismo argumentó que el objetivo es “intervenir de manera temprana” en trayectorias delictivas. La nueva norma establece penas diferenciadas respecto de los adultos y dispone que los menores sean alojados en establecimientos separados. Sin embargo, fija penas de hasta 15 años para delitos graves, un punto cuestionado por la oposición por su severidad en comparación con otros países de la región.
Otro eje del debate fue el financiamiento: se asignaron 27 mil millones de pesos para infraestructura y recursos humanos, monto que la oposición consideró insuficiente frente al desafío de crear institutos especializados en todo el país. Además, el nuevo esquema delega en las provincias la construcción y administración de los centros de detención juvenil.
Con ambas leyes aprobadas, el Gobierno cerró las sesiones extraordinarias con dos reformas estructurales que impactan de lleno en el régimen laboral y en el sistema penal argentino, y que prometen un fuerte debate político y judicial en los próximos meses.
