El Gobierno cierra una semana en el Congreso de la Nación en la que la oposición hizo valer su mayoría y se impuso tanto en Diputados como en el Senado. Luego de que los primeros rechazaran el DNU que otorga USD 100 millones de gastos reservados a la SIDE, la Cámara Alta aprobó la ley de movilidad jubilatoria por 61 votos a favor y ocho en contra, estableciendo cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU.
El Senado debatió la reforma previsional y, con acuerdo de la oposición, logró una recomposición en los ingresos de los jubilados, ante la ratificación de Javier Milei de vetar cualquier modificación a su plan económico. Tras la aprobación de la movilidad jubilatoria, el vocero presidencial Manuel Adorni reafirmó que el “equilibro fiscal” es “absolutamente innegociable”. Además, por unanimidad los senadores se suspendieron el aumento de dietas y aprobaron el proyecto que tipifica penalmente la sustracción y comercialización de menores.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece un esquema que combina el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones. Actualmente, regía un sistema establecido por decreto por el presidente.
En una votación en la que el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical lograron un acuerdo para avanzar con el proyecto que llegó de Diputados con media sanción —ahí también votaron en conjunto— se impusieron con el acompañamiento de senadores del PRO y miembros de los bloques provinciales, lo que significó que se aprobó con los dos tercios. El miembro informante fue compartido entre Mariano Recalde, de UP, y Martín Lousteau, de la UCR.
El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Ejecutivo nacional —que amenaza con vetarlo— establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.
Otros proyectos. El primer proyecto de resonancia que fue aprobado en la sesión, y que cuenta con vinculaciones con el caso de Loan Peña, fue el que tipifica en el Código Penal la sustracción y/o comercialización de niños.
El proyecto, de autoría de Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión “al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para “quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare”, con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier rol estatal
El texto tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido), por lo que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos. Este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas.
En el encuentro también se determinó que el financiamiento universitario -que cuenta con media sanción de Diputados- sea tratado en una próxima sesión luego del debate en comisiones. Asimismo, se estableció la prioridad de abordar la situación de los tomadores de créditos UVA, a través de una iniciativa que obtuvo dictamen en la Cámara alta en septiembre del año pasado. Además se aprobaron pliegos diplomáticos, traspaso patrimoniales a las provincias y la adhesión al tratado internacional de Remoción de Restos de Naufragio.
Fuentes: Ámbito.com, Página/12 e Infobae.
