Rosario inició este lunes una nueva etapa en la administración de justicia con la apertura de su primer juicio oral y público bajo la modalidad de jurado popular. El proceso, que aborda un caso de homicidio, marca además la implementación plena del sistema en toda la provincia de Santa Fe, luego de su puesta en marcha progresiva en las distintas circunscripciones judiciales.
El debate se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario y se extenderá hasta el próximo 11 de junio. Doce ciudadanos seleccionados especialmente para el caso tendrán la responsabilidad de determinar, a partir de las pruebas presentadas durante el juicio, si el acusado es culpable o no culpable. Se trata del sexto juicio por jurados realizado en territorio santafesino desde la entrada en vigencia de la ley.
Durante la apertura, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que la realización del primer juicio por jurados en Rosario completa una etapa clave de la reforma judicial impulsada por la provincia. Según señaló, la ciudad representa el distrito con mayor volumen de causas y uno de los desafíos más importantes para la implementación de este mecanismo de participación ciudadana en la Justicia penal.
El funcionario sostuvo además que la incorporación de los jurados populares responde a un mandato previsto por la Constitución y permite ampliar la intervención directa de la ciudadanía en el sistema judicial. En ese sentido, remarcó que el modelo garantiza a los acusados el derecho a ser juzgados por sus pares y, al mismo tiempo, acerca a la sociedad a una institución históricamente percibida como distante.
El sistema adoptado por Santa Fe contempla jurados integrados por doce ciudadanos elegidos mediante sorteo del padrón electoral. A partir de una nómina inicial de 36 personas se realiza una audiencia de selección en la que las partes pueden formular preguntas y plantear recusaciones hasta conformar el jurado definitivo y sus suplentes.
Una vez iniciado el juicio, los integrantes del jurado escuchan las pruebas, testimonios y argumentos de las partes para luego deliberar en privado. Su función se limita a determinar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, mientras que la eventual imposición de una pena queda a cargo del juez interviniente.
Desde el gobierno provincial destacaron que las experiencias desarrolladas hasta el momento en las distintas regiones de Santa Fe tuvieron resultados positivos y consideraron que el modelo se integra de manera adecuada al sistema acusatorio vigente. Con el comienzo del proceso en Rosario, la provincia completa la implementación de una de las reformas judiciales más relevantes de los últimos años.
