En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de viernes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de modernización laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La votación se concretó cerca de las 0.30, cuando el presidente del cuerpo, Martín Menem, habilitó el sufragio nominal que arrojó 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención.
El texto, que ya contaba con media sanción del Senado, sufrió una modificación clave: la eliminación del artículo referido a las licencias médicas. Ese cambio obliga a que el proyecto regrese a la Cámara alta para su revisión definitiva antes de convertirse en ley. El objetivo del oficialismo es lograr esa sanción la próxima semana, previo al discurso de apertura de sesiones ordinarias que Milei brindará el 1º de marzo en el Congreso.
La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza y sus aliados habituales del PRO, la UCR y el MID, además de bloques provinciales como Innovación Federal, Producción y Trabajo de San Juan, La Neuquinidad y legisladores de Independencia y Provincias Unidas. La suma de esos apoyos permitió alcanzar el quórum pasadas las 14 y sostener la mayoría hasta la votación final.
Minutos antes de la definición, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió el debate desde uno de los palcos junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Tras conocerse el resultado, los diputados libertarios celebraron en el recinto mientras en las gradas se multiplicaban los gestos de euforia.
El principal punto de tensión durante el debate fue el artículo que habilitaba a las empresas a reducir hasta un 50% el salario en casos de ausentismo por enfermedad. Ese apartado generó resistencias incluso entre sectores dialoguistas de la oposición, y su eliminación resultó determinante para destrabar el dictamen en comisión y garantizar los votos necesarios en el recinto.
En cambio, el oficialismo rechazó introducir cambios en otros capítulos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los aspectos más cuestionados por la oposición. “El FAL no se toca”, fue la consigna que sostuvieron desde el Gobierno durante la negociación parlamentaria.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se desarrollaron protestas de gremios y partidos de izquierda. La CGT, que convocó a un paro general, no participó de la movilización. Durante la tarde y el atardecer se registraron incidentes aislados entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La jornada estuvo atravesada además por un anuncio empresarial de alto impacto: la histórica firma de neumáticos Fate comunicó el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores. Desde sus redes sociales, Milei insinuó que la decisión buscó influir en el debate parlamentario y apuntó contra el empresario Javier Madanes Quintanilla.
Con la aprobación en general ya consumada, el Senado deberá tratar las modificaciones en los próximos días. La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, convocó a un plenario de comisiones de Trabajo y Presupuesto para avanzar con el dictamen y buscar la sanción definitiva antes del 1º de marzo. Si el cronograma se cumple, el Presidente llegará a la apertura de sesiones con una de las reformas estructurales de su agenda ya convertida en ley.
Los puntos más cuestionados. Entre las medidas más polémicas de la reforma se encuentra la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido: el monto ya no se determinaría sobre el mejor salario percibido, sino sobre el sueldo básico, excluyendo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar a las empresas para afrontar desvinculaciones, que fue duramente cuestionado por la oposición durante su tratamiento en el Senado.
El proyecto también introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo. Habilita ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas e incorpora el llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extra con descansos en otras jornadas en lugar de abonarlas. A su vez, limita el derecho a huelga y a la realización de asambleas en horario laboral, declara múltiples actividades como servicios esenciales para restringir paros y establece un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, a quienes considera “prestadores independientes” y no empleados alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.
Entre otras modificaciones sensibles, la iniciativa deroga la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021, que garantizaba igualdad de derechos entre quienes trabajan de manera remota y presencial. También elimina estatutos profesionales históricos, como los del periodista, peluquero y viajante de comercio, y suprime el fondo que financia al Incaa. Finalmente, altera el esquema de negociación colectiva al permitir que los convenios por empresa puedan fijar condiciones inferiores a los convenios de actividad, debilitando el piso de derechos establecido a nivel nacional.
