martes 24 febrero 2026

Convención: micrófono abierto, exabrupto de Michlig y más cortocircuitos con La Libertad Avanza

El presidente de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, Felipe Michlig (Unidos), quedó en el centro de la polémica tras un exabrupto al cierre de la sesión plenaria de este lunes. Un micrófono abierto dejó expuesto un comentario dirigido contra el convencional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz: “Lo voy a cagar a trompadas al tipo este”.

La reacción de Michlig se produjo después de que Mayoraz planteara la inconstitucionalidad del proceso de reforma. “Esto es un papelón… el dictamen de inconstitucionalidad los hizo asustar. Saben que se les puede caer todo este proceso desprolijo que están llevando adelante”, declaró el dirigente libertario.

Desde el mismo espacio, el convencional y ex periodista rosarino Juan Pedro Aleart también cuestionó los dichos de Michlig: “Calificar de barbaridad algo que dictaminó una fiscal de Cámara es realmente una barbaridad. Pero más grave es la violencia de los simuladores del consenso. Quiero imaginar que habrá disculpas del bloque Unidos y del gobernador para con Nicolás Mayoraz”.



El comunicado de Michlig. Horas después, Michlig difundió un comunicado en el que pidió disculpas y atribuyó el episodio a un “desahogo privado” que quedó registrado por un micrófono abierto: “Fue claramente un exabrupto producto de la atmósfera hostil que se generó a partir de las intervenciones del convencional Nicolás Mayoraz, que a mi entender siempre actuó de manera obstruccionista y provocativa hacia mí persona y el resto de la convención”, señaló.

En el texto, el presidente de la Convención aclaró que siempre le otorgó la palabra a Mayoraz en el marco de la reglamentación y aseguró que mantiene “cordialidad y máximo respeto” hacia todos los convencionales. Finalmente, cerró: “Pido las disculpas del caso a quienes se hayan sentido ofendidos por dicho comentario, más allá de que se trató de una conversación privada”.



La polémica escaló esta semana en la Convención Reformadora, luego de que una fiscal de Cámara admitiera una apelación presentada por La Libertad Avanza. El planteo de ese espacio sostiene que el proceso de reforma es inconstitucional, y el dictamen de la fiscal abrió un frente inesperado de discusión dentro y fuera del recinto.

Desde LLA, el convencional rosarino Juan Pedro Aleart recordó que el recurso de inconstitucionalidad había sido presentado apenas iniciado el proceso. “El dictamen de la fiscal de Cámara entiende que estamos en lo cierto y que todo este proceso es inconstitucional”, explicó. En ese sentido, advirtió que el camino judicial recién comienza y que la definición quedará en manos de los jueces de Cámara, aunque valoró que el fallo preliminar constituye “una buena noticia para quienes entendemos que el oficialismo de Unidos inició este proceso de manera irregular”.

El planteo de LLA se apoya en tres puntos centrales. El primero es lo que llaman “el encorsetamiento de la Convención”: la ley de necesidad de reforma no solo define qué artículos deben modificarse, sino también cómo hacerlo, lo que –según Aleart– condiciona la labor de los convencionales. El segundo cuestionamiento es la forma de elección: el sistema combinó distrito único con representación por departamentos, lo que, de acuerdo a LLA, sobrerrepresentó a Unidos y resultó desigual. Y el tercero apunta a la exclusión del Poder Judicial: la normativa vigente impidió que jueces o funcionarios judiciales pudieran presentarse como candidatos, algo que, según la fiscal, también resulta inconstitucional.

El convencional Nicolás Mayoraz reforzó esta posición y destacó que el dictamen es “contundente, llama a la reflexión y nadie en la convención ha sabido justificarlo”. En declaraciones periodísticas, confió en que la Justicia avanzará en ese sentido: “Generalmente los fiscales no se meten tan de lleno como en este caso. La sentencia de Cámara seguramente va a ser favorable, y eso abre un margen mayor de dudas sobre la legitimidad del proceso”.

Desde el oficialismo de Unidos, la respuesta no tardó en llegar. El ministro de Obras Públicas y convencional Lisandro Enrico calificó la intervención de la fiscal Mariela Sarrías como “una opinión sin fuerza de sentencia y un disparate legal”. Según su interpretación, “una fiscal no puede declarar inconstitucional un proceso de reforma que está por encima de las decisiones judiciales”. Enrico subrayó además que la convención continúa funcionando con los propios representantes de LLA sentados en sus bancas, por lo que –dijo– el dictamen no altera la marcha del proceso.

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