La situación política de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió como jefe de Gabinete. Aunque el oficialismo logró postergar por una semana la sesión del Senado que podría definir su interpelación, no consiguió desactivar una ofensiva opositora que suma apoyos entre distintos bloques y que amenaza con derivar en una de las mayores crisis institucionales para el gobierno de Javier Milei.
Tras una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, los jefes de bloque acordaron trasladar al 25 de junio el tratamiento de los proyectos que buscan convocar al funcionario para que brinde explicaciones sobre las denuncias vinculadas a su patrimonio. Si alguna de las iniciativas obtiene la mayoría absoluta requerida —37 votos—, Adorni deberá presentarse ante el Senado el 2 de julio para responder preguntas específicas de los legisladores.
La decisión implicó una tregua temporal para el Gobierno, que evitó una sesión impulsada por el kirchnerismo esta misma semana. Sin embargo, el entendimiento alcanzado no modificó el escenario de fondo. La oposición sostiene que reúne cada vez más respaldos para avanzar con la citación y asegura que el número necesario para aprobarla se encuentra al alcance.
El compromiso asumido por Adorni de presentar ese mismo 2 de julio su informe de gestión ante la Cámara alta no alcanzó para desactivar el malestar de los bloques dialoguistas. Por el contrario, varios senadores consideran que una exposición institucional no reemplaza una interpelación formal centrada en las denuncias que pesan sobre el funcionario y reclaman respuestas concretas sobre la evolución de su patrimonio.
Según los cálculos que circulan en el Senado, el peronismo aportaría una base importante de votos a favor de la convocatoria. A ese bloque podrían sumarse sectores de la Unión Cívica Radical, legisladores provinciales, integrantes de Convicción Federal vinculados a gobernadores aliados e incluso representantes del PRO que en las últimas semanas endurecieron sus cuestionamientos al jefe de Gabinete.
En ese contexto, el jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, aseguró que existe “una voluntad política” para avanzar con una eventual moción de censura contra Adorni. El legislador sostuvo que el peronismo necesita el respaldo de otros bloques para alcanzar la mayoría requerida, aunque consideró que los votos podrían reunirse si los sectores dialoguistas y aliados del Gobierno mantienen las posiciones que expresaron en las últimas semanas.
La presión no proviene únicamente de la oposición tradicional. Referentes de espacios que acompañaron varias iniciativas del Gobierno comenzaron a expresar públicamente su preocupación por la continuidad del funcionario. Entre ellos se destacó el presidente del bloque PRO, Martín Goerling Lara, quien sostuvo que la situación de Adorni “no da para más” y advirtió que su bancada podría acompañar medidas más severas si las explicaciones brindadas no resultan satisfactorias.
Mientras la disputa política gana intensidad, la investigación judicial también suma nuevos elementos. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba para esclarecer presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y determinados gastos detectados durante la investigación.
El conflicto se profundizó cuando Adorni rectificó sus declaraciones juradas e incorporó activos vinculados a criptomonedas que no habían sido informados originalmente. Entre ellos figura una tenencia de Bitcoin valuada en alrededor de 500.000 dólares. Esa corrección encendió las alarmas de la oposición, que reclama explicaciones sobre la evolución de su patrimonio y el origen de determinados bienes y gastos bajo análisis judicial.
Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores surgió a partir del análisis de un teléfono secuestrado en la causa. Allí apareció una factura emitida en junio de 2025 por la firma Rosen The Store, empresa dedicada a la comercialización de muebles y colchones de alta gama. El comprobante asciende a 8.183.303 pesos y figura a nombre de Gisela Kocsis.
A partir de esa documentación, el fiscal solicitó información a la empresa para determinar quién realizó efectivamente el pago, qué medio de cancelación se utilizó y cuál fue el domicilio donde se entregaron los productos adquiridos. El objetivo es establecer si existe alguna vinculación entre esa operación comercial y el patrimonio del jefe de Gabinete o de personas de su entorno.
Distintas publicaciones periodísticas identificaron a Kocsis como una empleada cercana a Adorni. Según trascendió, desempeñó funciones dentro del área de Comunicación y Medios y durante parte de 2025 se desempeñó como secretaria privada en la estructura que encabezaba el entonces vocero presidencial. Ese vínculo es uno de los aspectos que ahora busca profundizar la investigación judicial.
En este contexto, el Gobierno enfrenta un escenario complejo. Por un lado, intenta evitar que la interpelación prospere en el Senado. Por otro, debe administrar el impacto político de una causa judicial que continúa avanzando y que mantiene bajo análisis movimientos patrimoniales, operaciones comerciales y documentación vinculada al entorno del funcionario.
La semana adicional obtenida por La Libertad Avanza servirá para desplegar negociaciones parlamentarias y tratar de contener una situación que amenaza con profundizarse. Sin embargo, en los despachos del Senado muchos consideran que la discusión ya ingresó en una etapa difícil de revertir.
Por ahora, todas las miradas apuntan al 25 de junio. Ese día la Cámara alta resolverá si convoca formalmente a Adorni a una interpelación. De aprobarse el pedido, el jefe de Gabinete deberá regresar una semana más tarde para enfrentar un interrogatorio político centrado en las denuncias sobre su patrimonio, en una audiencia que podría tener consecuencias directas sobre su futuro dentro del gobierno nacional.
