Ocho años después de la muerte de una mujer que se había sometido a una cirugía estética en una clínica privada de Rosario, un cirujano plástico comenzará a ser juzgado acusado de homicidio culposo. La Fiscalía sostiene que actuó con negligencia e imprudencia durante el procedimiento y pidió una condena de tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.
La acusación es impulsada por el fiscal Walter Jurado, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, y apunta contra Damián Bifarello, de 47 años, titular de un centro de cirugías estéticas ubicado sobre calle Mendoza al 2000, en pleno centro rosarino.
La investigación judicial reconstruyó que el 27 de noviembre de 2018 la paciente, Nanci Basualdo, de 46 años, se sometió a una liposucción en el establecimiento médico conocido como Chetana, situado en Mendoza al 1800. El procedimiento fue realizado por el propio Bifarello y la mujer recibió el alta pocas horas después de la intervención.
Según la acusación, en los días posteriores Basualdo comenzó a sufrir distintos malestares físicos y complicaciones derivadas de una infección severa. Finalmente fue internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde murió el 11 de diciembre de 2018 producto de una falla multiorgánica.
Para la Fiscalía, el cuadro que derivó en la muerte de la paciente se originó en una infección postoperatoria causada durante la intervención quirúrgica. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que el médico actuó de manera “negligente e imprudente” y violó el deber de cuidado inherente a su profesión.
En la acusación presentada ante la Justicia, Jurado afirmó que la muerte se produjo por “una falla multiorgánica por shock séptico secundario a infección severa de partes blandas (fascitis necrotizante)”.
Además, durante la autopsia se detectó la presencia de un fómite —un objeto contaminado capaz de transmitir infecciones— dentro de la pared abdominal de la víctima. Según trascendió en la investigación, se trataba de un algodón hallado en la zona intervenida.
La Fiscalía también cuestionó distintas decisiones tomadas durante y después de la cirugía. Entre ellas, señaló que Bifarello habría delegado tareas propias de su profesión en personal auxiliar, realizado la intervención sin anestesiólogo ni auxiliares médicos y omitido derivar a la paciente a otros profesionales cuando ya no podía asistirla personalmente.
“Concretamente, el deber de cuidado no cumplido consistió en delegar en su personal auxiliar facultades, funciones o atribuciones inherentes a su profesión”, sostuvo la acusación fiscal.
La investigación además determinó que el médico estaba asociado con una mujer identificada como Soledad G., quien —según la causa— no contaba con matrícula habilitante para desempeñarse como cirujana.
El caso había generado fuerte repercusión en Rosario a fines de 2018, especialmente después de que la familia de Basualdo denunciara públicamente que los profesionales que la habían atendido no respondieron consultas durante la etapa crítica posterior a la operación porque se encontraban de viaje en Chile. Ahora, tras varios años de trámite judicial, el caso llegará finalmente a juicio oral, donde el tribunal deberá determinar si existió responsabilidad penal del cirujano en la muerte de la paciente.
