Tres personas fueron detenidas en una serie de allanamientos realizados en Rosario en el marco de la investigación por las balaceras con intimidación pública registradas desde el domingo pasado. Los procedimientos se desplegaron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves y estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a grupos tácticos de irrupción de la Policía de Santa Fe, por orden de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Las medidas judiciales se dictaron tras una seguidilla de ataques a balazos ocurridos entre el domingo por la tarde y el martes por la noche en distintos puntos de la ciudad. La causa investiga los hechos bajo la figura de intimidación pública, en función del impacto que este tipo de acciones busca generar en la población.
Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en Crespo al 3900, Mangrullo al 5200, Lamadrid al 0 y pasaje 1758 al 2100. Como resultado, fueron detenidas tres personas mayores de edad sospechadas de haber tenido participación en los ataques. Además, los agentes secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta negra y un casco del mismo color con una inscripción en el lateral izquierdo, elementos que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar su eventual vinculación con los hechos investigados.
En uno de los domicilios intervenidos se identificó como moradora a una empleada policial, circunstancia que quedó incorporada a la investigación y será analizada por la Fiscalía en el marco del avance de la causa.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que aún existen aspectos bajo investigación, pero remarcó que la respuesta estatal será firme. “No vamos a aceptar que se reinstale una modalidad violenta en la ciudad de Rosario ni en la provincia de Santa Fe”, afirmó. El funcionario afirmó que cada hecho delictivo activa los mecanismos de persecución penal y ratificó que el objetivo es llevar a todos los responsables ante la Justicia.
Cococcioni explicó que, tras la detención y el encarcelamiento de líderes de organizaciones criminales bajo regímenes de alto perfil, persisten remanentes que intentan reorganizarse. Según señaló, estos grupos pueden derivar en conflictos puntuales y territorializados. En ese contexto, indicó que el Estado mantiene operativos permanentes para evitar reacomodamientos y neutralizar cualquier intento de intimidación colectiva.
Mientras continúan los peritajes sobre los elementos incautados, la Fiscalía avanza en la definición del grado de responsabilidad de los detenidos y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.
