La fachada duró más de tres años. En ese tiempo, Juan Andrés Zurvera se presentó como abogado, abrió un estudio jurídico en Sunchales y cobró honorarios por causas que nunca existieron. La Justicia lo detuvo ahora y le atribuye una estafa que supera los 54 millones de pesos, además de falsificación de documentos y usurpación de título.
La investigación judicial determinó que Zurvera había iniciado la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral, pero solo aprobó 13 materias y nunca obtuvo el título habilitante. Pese a ello, se presentó como abogado, captó clientes y ofreció servicios legales durante años, primero entre familiares y amigos y luego a través del “boca en boca”.
Según la imputación, el acusado montó una puesta en escena profesional que incluyó la falsificación de resoluciones judiciales, el uso de firmas digitales apócrifas de jueces y camaristas, y la simulación de trámites y juicios inexistentes. A sus víctimas —en su mayoría personas con conflictos legales urgentes— les exigía adelantos de honorarios por gestiones que nunca se realizaban.
Millones, audiencias y prisión preventiva. El Ministerio Público de la Acusación estableció que el falso abogado logró defraudar a sus clientes por más de 54 millones de pesos. Solo entre enero y noviembre de 2025 habría recibido pagos por al menos 18 millones. Zurvera enfrenta al menos diez hechos imputados, aunque el fiscal Guillermo Loyola, de los tribunales de Rafaela, continúa analizando nuevas denuncias que siguen llegando a su despacho.
Tras su detención, el acusado fue sometido a dos audiencias imputativas. En la última, se quebró emocionalmente al escuchar el detalle de los hechos atribuidos. Sin embargo, el fiscal fue contundente: “No hay justificación posible para este accionar”.
El juez Javier Bottero avaló la acusación fiscal y dictó la prisión preventiva sin plazo, al considerar que “el imputado desplegó un engaño idóneo que indujo a error a las víctimas y le permitió obtener disposiciones patrimoniales ilegítimas”.
Víctimas cercanas. Entre las víctimas se encuentra su propia madre, Liliana Gorgo, ex presidenta del club Unión de Sunchales, quien creyó durante años que su hijo se había recibido como abogado. También resultaron damnificados amigos, conocidos e incluso un abogado local que lo incorporó a su estudio.
Zurvera, de 30 años, se mostraba especialmente activo en causas de derecho de familia: divorcios, regímenes de cuidado personal, cuotas alimentarias, sucesiones y desalojos formaban parte de los supuestos trabajos que ofrecía.
Durante los allanamientos realizados por la División Operativa Federal de Rafaela de la Policía Federal Argentina, los investigadores secuestraron sellos apócrifos —con matrícula falsa— ocultos dentro de un ladrillo hueco, además de documentación con firmas digitales falsificadas, teléfonos celulares y una computadora portátil.
Las víctimas coincidieron en que el daño no fue solo económico. Varios relataron endeudamientos, desgaste emocional y una fuerte pérdida de confianza. “La plata duele, pero la mentira duele más”, resumió una de las personas estafadas.
Al momento de su detención, Zurvera se desempeñaba como vicepresidente primero de Unión de Sunchales. Tras conocerse la imputación, el club emitió un comunicado en el que aclaró que los hechos “son de estricta índole personal” y manifestó su respeto por el trabajo de la Justicia. La institución informó además que, mientras dure el proceso judicial, Zurvera será desplazado de su cargo, en cumplimiento del estatuto del club.
