La provincia de Santa Fe avanza con una reforma que busca modernizar la industria penitenciaria y fortalecer el trabajo dentro de las cárceles. A través de un nuevo régimen de contrataciones para el Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip), se apunta a agilizar la gestión, optimizar recursos y consolidar un sistema que vincule la producción con la formación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.
El nuevo esquema normativo introduce una estructura más ágil y previsible para la compra de insumos y el desarrollo de actividades productivas. Hasta ahora, el Iapip debía regirse por rutinas administrativas similares a las de cualquier dependencia estatal, lo que demoraba la planificación y la ejecución de los talleres. Con este cambio, el organismo podrá operar con criterios propios de una empresa pública moderna, conservando los mecanismos de control y transparencia.
“El objetivo es transformar la ociosidad en trabajo y capacitación”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, al presentar la medida junto al titular de Economía, Pablo Olivares. “El Iapip funcionaba con rutinas burocráticas que le impedían desarrollarse plenamente. Con este decreto podrá producir con previsibilidad y eficiencia”, agregó.
El ministro Olivares remarcó que la modificación busca optimizar los recursos públicos y dotar al sistema de una administración más sustentable. “Queremos que la industria penitenciaria se rija por estándares de gestión modernos, que le permitan planificar mejor, comprar a menor costo y ampliar su volumen de trabajo. La idea es que funcione como una empresa eficiente, sin los cuellos de botella que genera la burocracia”, explicó.
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, precisó que el trabajo en contexto de encierro es parte de un programa de tratamiento individual que define las actividades educativas y productivas de cada interno. “El cumplimiento de esas tareas influye en la calificación de conducta y en la posibilidad de acceder a beneficios legales como salidas transitorias o libertades asistidas”, destacó.
Desde el Iapip, su directora Rocío Zanón detalló que los talleres funcionan en la mayoría de las unidades penitenciarias de la provincia y que las personas privadas de libertad que participan reciben una asignación estímulo. “Hay producción textil, panificación, carpintería y herrería. Elaboramos productos para el consumo interno del sistema penitenciario y también para otros organismos públicos. Este decreto nos da herramientas para planificar compras, mejorar costos y ofrecer precios más competitivos para el Estado”, explicó.
En la práctica, la medida significa que el Iapip podrá realizar contrataciones de manera más directa, siempre con control posterior, para garantizar el flujo constante de materiales e insumos. En el caso de los talleres de panificación, por ejemplo, antes debían tramitar un expediente por cada compra de harina, lo que paralizaba la producción. “Con el nuevo régimen, se mantiene el control pero se elimina la traba burocrática”, subrayó Cococcioni.
La reforma también se enmarca en un proceso más amplio de reordenamiento penitenciario, que incluyó la reducción del hacinamiento en comisarías y la construcción de nuevas plazas carcelarias. “Cuando asumimos, el problema era la falta de espacio. Hoy, con la ampliación del sistema y la incorporación de más de 7000 plazas, podemos avanzar hacia un modelo de cárceles que combine seguridad, trabajo y reinserción”, apuntó el ministro.
El objetivo de fondo es consolidar una política penitenciaria moderna y productiva, donde el encierro deje de ser tiempo perdido y se convierta en una oportunidad de aprendizaje y aporte social. “Las cárceles no pueden ser depósitos de personas. Tienen que ser espacios donde se aprenda, se trabaje y se reconstruya la vida”, resumió Cococcioni.
