El Gobierno de Santa Fe decidió ir a fondo para impedir que se devuelva a la familia de Esteban Alvarado uno de los bienes más emblemáticos incautados a su organización: una quinta de cuatro hectáreas en el paraje Los Muchachos, en Piñero. El jueves, el Juzgado de Circuito de la 2ª nominación de Rosario notificó a la Provincia sobre una demanda presentada por Santino Alvarado —hijo del narcotraficante condenado— que busca la restitución del predio a través de una acción reivindicatoria.
La propiedad no es un bien cualquiera. Se trata de un inmueble que la Justicia penal identificó como instrumento de delito, vinculado a un homicidio, y que forma parte del lote de bienes decomisados al clan Alvarado. El decomiso fue confirmado en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Santa Fe, y avalado por no menos de quince magistrados. Desde mayo de este año, la quinta está bajo custodia provincial tras un operativo en el que se desalojó a quienes aún permanecían allí.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue contundente: “La política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal del gobierno provincial. De nada sirve investigar, detener y condenar si las organizaciones criminales pueden seguir disfrutando de los bienes obtenidos o usados para delinquir, sea directamente o a través de terceros”. El funcionario remarcó que la quinta de Piñero fue utilizada para cometer un asesinato y que “la Provincia no permitirá que se ponga en tela de juicio la necesidad de desmantelar económicamente a estas bandas”.
El reclamo judicial de Santino Alvarado llega en un momento en que el gobierno provincial endureció su estrategia para golpear el patrimonio de las estructuras criminales. Cococcioni recordó que ya está funcionando el Comité de Bloqueo Económico al Crimen Organizado, un espacio interinstitucional que coordina medidas para congelar y reutilizar bienes incautados, desde autos de alta gama hasta propiedades rurales. “Es parte del mensaje: el delito no puede ser rentable”, señaló.
En la misma línea, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, repasó que al inicio de la gestión, en diciembre de 2023, detectaron que seis inmuebles del clan Alvarado —incluida la quinta ahora en disputa— tenían sentencia firme de decomiso desde 2022 pero nunca habían sido ejecutados. “En febrero pedimos al juez de Ejecución que nos autorizara a tomar posesión inmediata, y el 7 de mayo concretamos el operativo. Algunos de esos inmuebles ya fueron subastados, otros se asignaron a instituciones sociales y otros siguen bajo custodia”, detalló.
Escauriza advirtió que cada vez que se avanza sobre el patrimonio de las bandas, la resistencia se hace sentir. “Cuando les tocás los bienes, es cuando más reaccionan. Y eso nos confirma que el camino es el correcto. No es solo una cuestión simbólica: estos lugares, estos vehículos, estas cuentas, son el corazón económico de las organizaciones criminales”, explicó.
La disputa por la quinta de Los Muchachos reaviva el debate sobre el uso social de los bienes decomisados. La ley provincial que creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) establece que pueden subastarse, cederse en comodato o destinarse a organismos públicos y ONG. El gobierno de Maximiliano Pullaro sostiene que estas herramientas, junto con la presión judicial, son indispensables para quebrar el poder de las organizaciones narcocriminales en la provincia.
Mientras tanto, la Fiscalía de Estado ya trabaja en la estrategia para rechazar la demanda del hijo de Alvarado. El Ejecutivo promete “ir hasta las últimas consecuencias” para sostener el decomiso y evitar que el predio vuelva a la órbita familiar de uno de los jefes narco más poderosos que tuvo la región.
