La protesta de policías, familiares y allegados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II volvió a activarse este martes por la mañana en Rosario, luego de los episodios registrados durante la noche anterior. La concentración se desarrolló sobre calle Ovidio Lagos, donde se ubicaron alrededor de 20 móviles policiales con sirenas encendidas, mientras un grupo de manifestantes —algunos encapuchados y sin uniforme— permanecía en el lugar.
Entre las pancartas sostenidas por familiares de efectivos se leía la consigna “El uniforme no se mancha”. Los manifestantes se instalaron con sillas frente a la Jefatura desde temprano y retomaron el reclamo iniciado el lunes, dirigido al gobierno provincial por disconformidad con las mejoras salariales y laborales anunciadas la semana pasada. Según fuentes oficiales, durante la protesta diurna no se vio afectado el patrullaje ni el normal ingreso y egreso de la dependencia.
Sin embargo, durante la madrugada se produjeron los hechos más delicados. Momentos antes de la medianoche, grupos de efectivos intentaron bloquear los portones de salida de móviles policiales e incluso dejaron patrulleros abandonados en la vía pública, lo que obligó a la intervención de unidades especializadas para evitar una afectación mayor de la operatividad. Un relevamiento preliminar indicó que al menos 20 móviles quedaron fuera de servicio en Rosario durante esos momentos.
Desde la Provincia confirmaron que se detectaron casos de abandono del servicio, una falta grave dentro de la normativa policial. A partir de estas acciones, el Jefe de Policía de la provincia, con respaldo del Ministerio de Justicia y Seguridad, inició actuaciones administrativas junto a la Subsecretaría de Control. Hasta el momento, al menos 20 funcionarios policiales fueron identificados y pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas. Las medidas podrían ampliarse a medida que avance el análisis de registros fílmicos y publicaciones en redes sociales.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que “el reclamo en su fondo es legítimo y atendible”, pero advirtió que “sobre ese reclamo se montaron intereses sectoriales que promovieron acciones violentas y antijurídicas”. En ese sentido, remarcó que impedir la salida de patrulleros y abandonar el servicio “es cruzar una línea que no vamos a permitir”.
El funcionario también señaló la difusión de información falsa en canales internos de la fuerza con el objetivo de afectar el despliegue preventivo y aseguró que el patrullaje se sostuvo durante la noche gracias al compromiso de numerosos efectivos, con procedimientos positivos y secuestro de armas incluidos. Además, confirmó la coordinación con fuerzas federales y con el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar la prevención.
Desde el Ejecutivo provincial reiteraron la disposición al diálogo por mejoras laborales y salariales, pero dejaron en claro que la seguridad pública no formará parte de ninguna negociación. “No estamos dispuestos a resignar la seguridad de los santafesinos. Esa es la línea que no se cruza”, concluyó Cococcioni. La situación permanece bajo monitoreo permanente.
