Los fiscales federales que investigan una presunta trama de corrupción dentro del Poder Judicial formalizaron la acusación contra el ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y solicitaron para él una pena de diez años de prisión efectiva.
Al ex magistrado le atribuyen una serie de delitos que incluyen extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, recepción de dádivas y lavado de activos. Además, requirieron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y multas económicas equivalentes a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el valor de las dádivas percibidas.
Según la acusación, los hechos evidenciarían “una trama de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”, basada en la utilización indebida de la función judicial para beneficiar intereses particulares y obtener ventajas económicas.
Extorsión a empresarios. Uno de los ejes centrales de la causa refiere a una maniobra extorsiva que, de acuerdo con la investigación impulsada por la Procelac, se desarrolló entre 2019 y noviembre de 2024. En ese período, Bailaque habría coordinado acciones con el escribano santafesino Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el entonces titular local de la ex Afip (hoy ARCA), Carlos Vaudagna.
La acusación sostiene que impulsaron actuaciones judiciales y fiscales contra dos empresarios bursátiles rosarinos, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, con el objetivo de presionarlos. Según la imputación, les exigieron 200 mil dólares para frenar una causa penal en su contra. Iglesias declaró haber entregado cinco pagos por un total de 160 mil dólares entre octubre de 2019 y marzo de 2022.
- Para Busaniche, señalado como operador y gestor con vínculos en Comodoro Py y contactos en organismos de inteligencia, los fiscales pidieron seis años de prisión.
Pagos encubiertos y presuntas dádivas. En otro tramo del expediente, los fiscales acusaron a Bailaque de haber recibido pagos mensuales por un total de 5.719.194 pesos entre enero de 2019 y enero de 2025. Los fondos habrían sido abonados por Whpei a través de la mutual Siempre Joven y, según la imputación, estarían vinculados a su condición de juez federal.
Los pagos fueron presentados formalmente como alquiler de un inmueble propiedad del magistrado en Caleta Olivia, Santa Cruz. Sin embargo, para la fiscalía se trataría de una maniobra para encubrir dádivas. Esos ingresos fueron declarados ante el fisco y el Consejo de la Magistratura.
Compra de un lote en Funes. El tercer hecho involucra a la esposa del ex juez, la abogada y funcionaria judicial Graciela Martínez Maulión, para quien los fiscales solicitaron una pena de cuatro años y seis meses de prisión.
Ambos fueron acusados como coautores de lavado de activos por la compra, en agosto de 2020, de un lote en el barrio cerrado Vida, en Funes, por 70 mil dólares en efectivo. El terreno pertenecía a la constructora Edeca, empresa que al momento de la operación tenía una causa penal por delitos tributarios en el juzgado a cargo de Bailaque.
Según la acusación, el monto abonado era inferior al valor de mercado y habría implicado la incorporación al circuito formal de fondos de origen ilícito.
Las acusaciones corresponden a distintos legajos que podrían unificarse en un único juicio oral. El juzgado interviniente deberá resolver si eleva la causa a debate. Bailaque permanece bajo prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
