Después de que el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, revelaran los avances del Plan Bandera en la ciudad, este lunes se desarrolló una marcha organizada por colectivos civiles y familiares de víctimas de violencia institucional, en protesta contra la propuesta de reducir la edad de imputabilidad, una medida respaldada tanto a nivel provincial como nacional.
Se congregaron por la tarde, marchando desde Tribunales Provinciales (Pellegrini y Balcarce) hasta la Plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación, para expresar su descontento. Esta manifestación se enmarcó en la novena marcha nacional anual contra el gatillo fácil, convocada por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que centró sus críticas en la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad.
«¡Ni un pibe ni una piba menos!, ¡Ni una bala más!», «basta de criminalización de la pobreza», «no a la militarización de los barrios» y «no a la baja en la edad de imputabilidad», fueron algunas de las demandas.
Criticaron la llegada de la ministra de Seguridad a la ciudad, señalando que «es una de las defensoras de este tipo de políticas». Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera, víctima de violencia institucional en 2015, habló de un «contexto complejo con un gobierno en el que estas prácticas se avalan y habilitan». Y habló de «la importancia de sostener en el tiempo estas movilizaciones. Este año con una discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad que nos mantiene en alerta. No necesitamos que la respuesta del estado sea punitivista para nuestros jóvenes, sino con políticas públicas».
El reclamo incluyó una crítica a la actuación policial. «La policía es parte del problema. A nosotros nunca nos cuidó», afirmaron, resaltando que «somos muchísimos familiares que queremos justicia, porque ni siquiera podemos acceder a eso».
En Rosario, los familiares contabilizan más de 30 casos de jóvenes víctimas de gatillo fácil en los últimos nueve años. «Hay un montón de casos que lamentablemente no son denunciados», indicaron, señalando prácticas abusivas que facilitan graves violaciones a los derechos humanos.
Fuentes: Página/12, Rosario3.com y Cadena 3.
Fotografía: @CTARosario (x).
