La primera experiencia de juicio por jurados en la provincia de Santa Fe concluyó este lunes con un fallo que ya genera controversia. El productor agropecuario Rubén Ulrich fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por haber asesinado de un escopetazo al comisario Franco López, en enero de 2023, en la localidad de Monigotes. La víctima era amante de la esposa de Ulrich, de quien él se hallaba separado de hecho.
Durante el juicio oral, el jurado popular consideró que Ulrich actuó bajo “emoción violenta”, una figura legal que reduce la escala penal, y rechazó el pedido de prisión perpetua por homicidio agravado que había formulado la Fiscalía. En la audiencia de cesura posterior, el juez penal Nicolás Stegmayer aplicó una pena de cuatro años de prisión efectiva, aunque la defensa ya anticipó que apelará la decisión.
El caso conmocionó a la pequeña localidad ubicada a 340 kilómetros de Rosario. El 17 de enero de 2023, Ulrich irrumpió armado en una finca rural llamada La Sara, donde su esposa se había citado con el comisario López. Con una escopeta, el productor disparó contra el patrullero en el que había llegado el oficial y luego lo ejecutó de un disparo. Su esposa también resultó herida en un hombro por los perdigones.
La condena incluye, además del homicidio atenuado, los delitos de lesiones leves culposas (por el disparo a su esposa), tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y daño calificado (por los disparos al patrullero). Si bien Ulrich había recuperado la libertad mientras se aguardaba esta instancia judicial, ahora debería regresar a prisión para cumplir un año y medio más, ya que lleva dos años y cinco meses detenido en forma preventiva. No obstante, seguirá en libertad hasta que la condena quede firme.
El defensor de Ulrich, Claudio Torres del Sel, cuestionó la decisión del juez. “No estamos conformes. La voluntad del jurado fue clara: emoción violenta. El juez no puede ignorar eso. Pedimos una pena que no supere los tres años, incluso solicitamos uno. Vamos a apelar el fallo en cuanto conozcamos los fundamentos”, declaró.
El veredicto del jurado popular generó debate. Si bien está dentro del marco legal —la figura de emoción violenta contempla penas de 1 a 6 años—, muchos sectores cuestionan que el asesinato de un hombre con un arma de fuego, en el contexto de una emboscada y con heridas colaterales, reciba solo una condena de cuatro años.
El hecho de que la víctima fuera un comisario y que el agresor también disparara contra el patrullero acrecienta la impresión de impunidad. La Fiscalía había planteado un femicidio vinculado —una figura que busca sancionar los crímenes cometidos para castigar o controlar a una mujer—, pero el jurado no lo aceptó.
Este caso pone en discusión los límites de la emoción violenta como atenuante. ¿Debe pesar más el contexto emocional que la planificación del crimen? ¿Cómo afecta esto la mirada sobre la violencia de género y el rol del Estado como garante de justicia?
La causa también deja preguntas abiertas sobre el rol de los jurados populares en casos complejos y sobre el equilibrio entre justicia penal y percepción social. En definitiva, la primera experiencia santafesina con juicio por jurados deja más que una condena: deja un debate.
