Cuatro policías fueron llevados a audiencia imputativa por un procedimiento desarrollado la semana pasada, en el que un hombre detenido por un caso de violencia familiar terminó en el hospital en estado delicado por un fuerte golpe en el cráneo. Dos de los agentes quedaron en prisión preventiva efectiva por 60 días, mientras los otros dos quedaron en libertad bajo una serie de reglas de conducta.
La acusación tuvo lugar el domingo pasado en el Centro de Justicia Penal, cuando los fiscales Karina Bartocci y Matías Ocariz atribuyeron los delitos de apremios ilegales, vejaciones, falsificación de documento público e incumplimiento en los deberes de funcionario público a los policías Brian M. y Cristian M. A su vez, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación imputaron a Carlos P. y Rocío F. por encubrimiento, ya que les achacaron no haber denunciado a sus compañeros.
- El operativo policial se dio el 12 de julio pasado en inmediaciones de calle Mamboretá al 900 bis, donde Juan Carlos A., de 50 años, fue detenido tras haber sido denunciado por su madre por violencia familiar. Actualmente, el aprehendido está en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con asistencia mecánica respiratoria, en estado crítico, por un traumatismo de cráneo.
Según ventilaron los fiscales, los efectivos policiales fueron comisionados a una vivienda donde una mujer solicitó auxilio «porque un masculino había causado daños en su vivienda y se encontraba alcoholizado». «Al intentar aprehender al mismo, momentos en que éste estaba en el patio trasero de la casa dentro de un galpón con un martillo en la mano, ambos le propinaron golpes ocasionándole heridas múltiples», señalaron.
A ese mismo dúo de policías les atribuyeron haber insertado datos falsos en el acta de procedimiento; a los otros efectivos les achacaron haber trasladado al hombre en cuestión al Policlínico «sin dar aviso a ninguna autoridad competente ni consignar en acta que se encontraba visiblemente lesionado».
Después de la acusación, la jueza Paula Álvarez dio 60 días de prisión preventiva efectiva a los agentes M. y M., mientras que otorgó la libertad a los otros dos agentes bajo las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio, presentarse quincenalmente ante la Oficina de Gestión Judicial, prohibición de salida del país y prohibición de acercamiento y contacto con los coimputados o sus familiares.
