La causa judicial por la balacera a la vivienda de Norma Acosta en barrio Tablada dio un giro total. La Fiscalía sostuvo este miércoles que el ataque del 7 de mayo no fue una represalia externa, sino un autoatentado organizado por la propia Acosta, quien de presentarse como víctima pasó a estar imputada como instigadora.
En la audiencia presidida por la jueza Eleonora Verón, el fiscal Pablo Socca acusó a Acosta de planear la balacera junto a Juan José “Jota Jota” Gómez, un barrabrava con vínculos cruzados entre Central y Newell’s. Según la investigación, Gómez fue el encargado de proveer el arma y de coordinar a los tiratiros que dispararon cinco veces contra el domicilio de Larguía al 3400.
La magistrada dictó seis meses de prisión preventiva para Acosta y Gómez, bajo la imputación de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en concurso ideal con abuso de armas.
Un plan para instalar una versión. De acuerdo a la hipótesis de Socca, Acosta buscó colocarse como víctima de un atentado ligado a sus denuncias públicas contra jefes policiales de la Unidad Regional II, en medio del escándalo por la malversación de fondos destinados a combustible. Su intención habría sido instalar mediáticamente la idea de una represalia policial y desviar las investigaciones.
Los chats recuperados de su celular reforzaron esa sospecha. Horas antes de la balacera, Acosta escribió a su pareja: “Parece que acá no va a pasar nada, así que me acosté”. El ataque finalmente ocurrió a la mañana siguiente, ejecutado por dos jóvenes en bicicleta: Ignacio N. (17), que efectuó los disparos, y Nicolás Robles (18), quien lo acompañaba. Ambos fueron detenidos ese mismo día.
El rol de la barra y el pago por el ataque. Según el expediente, los adolescentes actuaron a pedido de Nahuel “Monta” Depetris, integrante de la barra de Newell’s, detenido en agosto e imputado como coautor. La investigación también expuso a Gómez, ex barra de Central con lazos con Los Monos y hasta ahora visible en el paraavalanchas rojinegro. Un testigo aseguró que Gómez fue quien consiguió la pistola 9 milímetros y distribuyó los pagos: 200 dólares para Depetris, 150 para el gatillero y 100 para el piloto de la bicicleta.
La figura de Acosta ya era conocida en el ámbito judicial por sus transmisiones en redes sociales, en las que acusaba a jefes policiales de corrupción. Varias de esas denuncias coincidieron con la causa que en mayo derivó en más de 30 allanamientos y 16 detenciones de uniformados, además de la intervención de la URII por parte del Ministerio de Seguridad. Para la Fiscalía, la balacera contra su casa buscó darle mayor visibilidad y credibilidad a esas acusaciones, aunque la maniobra terminó volviéndose en su contra.
