En un operativo que dejó al descubierto una red de corrupción dentro de la Policía de Rosario, seis agentes de la Brigada Motorizada fueron detenidos en el marco de una investigación por microtráfico, encabezada por el fiscal Pablo Socca. La operación, que incluyó ocho allanamientos en diferentes puntos de la ciudad y localidades cercanas, reveló un entramado de complicidad entre uniformados y narcos, afectando gravemente la confianza en las fuerzas de seguridad.
La investigación comenzó en la zona de Parque Casas, al norte de Rosario, donde la Policía de Seguridad Social descubrió vínculos entre miembros de la Brigada Motorizada y Sandra A., una conocida narcotraficante que lideraba una red de venta de drogas en esa área. Los policías arrestados, entre ellos Jesús S., Marcelo B., Ricardo F., Dylan P., Lucila B. y Tomás R., son acusados de una serie de delitos que incluyen el encubrimiento agravado, apremios ilegales, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los hechos salieron a la luz gracias a las investigaciones iniciales sobre el microtráfico en la zona. Los agentes de la brigada motorizada habrían realizado procedimientos en los que protegían los intereses de la narcotraficante Sandra A., obstaculizando las actividades de competidores de su red y favoreciendo a la mujer. Este vínculo entre los uniformados y los delincuentes permitió que el fiscal Socca solicitara los allanamientos, que se realizaron de manera coordinada por la Policía Federal y Asuntos Internos. En los domicilios de los sospechosos se secuestraron celulares y dispositivos electrónicos, que serán analizados para confirmar más pruebas de la implicación de los agentes.
Pero la investigación no se limita solo a los seis detenidos de la Brigada Motorizada. También involucra a altos mandos de la comisaría 10ª, a la que pertenece parte de los policías arrestados. Los jefes de la seccional, no detenidos, serán imputados por encubrimiento agravado y desobediencia judicial. Esta situación se vincula a un hecho ocurrido dentro de la comisaría, que involucra el incumplimiento de los deberes de los oficiales y su protección de actividades ilegales dentro de la dependencia.
Además, la trama se complica con la aparición de una médica policial, quien está siendo investigada por presuntamente haber falseado un informe médico sobre el estado de salud de un detenido en la comisaría 10ª. La sospecha es que el informe fue manipulado para encubrir maltratos sufridos por el detenido, lo que abre la puerta a una nueva línea de investigación sobre posibles abusos y violencia institucional dentro de la fuerza.
El avance de la investigación desata gran preocupación en la fuerza policial, ya que revela una posible red de corrupción que atraviesa distintas áreas de la Policía de Rosario. Fuentes judiciales confirmaron que no se descarta que algunos de los agentes detenidos puedan ser imputados por otros delitos relacionados con violencia institucional. La pesquisa también pone bajo la lupa otros operativos realizados por los efectivos, que podrían estar relacionados con casos de apremios ilegales y abuso de autoridad.
En total, los allanamientos se realizaron en varios puntos de Rosario, incluyendo Juan Pablo II al 2400, Corrientes al 4400, Castagnino al 1200, y Pasaje Panambí al 100, entre otros. También se efectuaron requisas en Granadero Baigorria, en la calle 4 al 100, y en Las Rosas, en General López al 700. En estos operativos, la Policía secuestró una considerable cantidad de material digital, lo que permitirá avanzar en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de más implicados en la red de narcotráfico.
La detención de los seis policías generó una fuerte respuesta por parte de los organismos de derechos humanos, que exigieron una mayor transparencia en la investigación y la depuración de la fuerza. Por el momento, Lautaro E., otro de los sospechosos en la causa, permanece prófugo, y se espera que la investigación avance para esclarecer la totalidad de los hechos.
