El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado este viernes a nueve años de prisión efectiva y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de haber protegido una red de juego clandestino que operaba en Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe. La sentencia fue dictada por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, luego de casi dos meses de debate oral y público.
Junto a Serjal también fue condenado el empleado judicial Nelson Ugolini, quien recibió cinco años de prisión por su participación en la misma asociación ilícita. Ambos fueron acusados de brindar cobertura judicial y usufructuar la recaudación del juego ilegal, en complicidad con empresarios y otros funcionarios. Entre los ya condenados en la causa se encuentran el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes se acogieron a la figura de arrepentidos e involucraron directamente a Serjal.
Durante el juicio, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato lograron probar que Serjal, desde su cargo de máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación en Rosario, ofreció protección a las estructuras del juego clandestino a cambio de dinero. La Fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión.
Serjal, de 48 años, enfrentó cargos por asociación ilícita como organizador, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado de servicios. Su nombre quedó vinculado al caso tras la investigación que siguió al ataque al casino City Center de enero de 2020, cuando un disparo mató al gerente bancario Enrique Encino. A partir de escuchas telefónicas en esa causa, los fiscales descubrieron el entramado de corrupción judicial que derivó en esta condena.
El empresario Leonardo Peiti, considerado el jefe de la red del juego ilegal, fue uno de los principales testigos en el juicio. Declaró que pagaba sobornos periódicos a Serjal y a otros funcionarios para asegurar impunidad en sus operaciones. Peiti ya había sido condenado en un acuerdo abreviado en 2021 a seis años de prisión —pena reducida a tres por colaborar con la justicia— y recuperó la libertad tras diez meses de detención.
Por su parte, el fiscal José Luis Caterina explicó que este juicio se desarrolló en paralelo a otras causas relacionadas y que se decidió avanzar primero con Serjal y Ugolini “porque estaban en condiciones procesales de ir a debate desde julio de 2023”. El expediente continúa abierto respecto de otros imputados, entre ellos el senador provincial Armando Traferri, acusado de mantener vínculos con el mismo entramado delictivo.
