El juez de Cámara Gustavo Salvador resolvió este viernes conceder la libertad bajo fianza a los cuatro ex directivos de Vicentin que permanecían detenidos desde marzo, acusados por vaciamiento, asociación ilícita y lavado de activos. La medida alcanza a Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, quienes recuperaron la libertad tras depositar una caución de un millón de dólares cada uno.
Los ex ejecutivos habían sido detenidos en el marco de una causa que investiga un desvío sistemático de fondos desde la agroexportadora santafesina, en cesación de pagos desde diciembre de 2019. Según la acusación fiscal, entre ese año y 2024 se habrían sustraído más de 6.000 millones de pesos, incluyendo retiros personales, gastos con fondos de la empresa para pagar abogados defensores y una fianza judicial de 40 millones de pesos.
La defensa de los imputados cuestionó la prisión preventiva dictada por el juez penal Nicolás Foppiani y denunció supuestas irregularidades en la obtención de algunas pruebas, como facturas e informes contables. El camarista Salvador hizo lugar a parte de esos planteos, al considerar que podrían haberse vulnerado garantías constitucionales, y por tanto no correspondía sostener la detención sin condena firme.
Sin embargo, las imputaciones siguen vigentes. Además, se mantuvo la prohibición de contacto con otros miembros del grupo empresarial y con los órganos del concurso de acreedores, medida que tanto fiscales como querellantes consideran clave para evitar maniobras que entorpezcan el salvataje judicial.
La causa penal avanza sobre 19 ex directivos imputados y se convirtió en uno de los expedientes más relevantes del fuero económico nacional. La Fiscalía aún no resolvió si apelará ante la Corte Suprema provincial.
En paralelo, Vicentin intenta sostener su actividad operativa a través de contratos a fasón, pero enfrenta un deterioro creciente. Los interventores judiciales designados por el juez civil de Reconquista advirtieron que la empresa atraviesa una crisis estructural y reclamaron una reorganización profunda: desde el cierre de filiales en el exterior hasta la revisión integral de las sociedades del grupo.
Mientras la venta de activos aparece cada vez más como una salida inevitable, el futuro de la firma —que llegó a ser la principal agroexportadora de capitales nacionales— sigue atado a la resolución judicial de sus causas penales y comerciales.
