El Gobierno de Santa Fe entregó este miércoles un automóvil y dos motocicletas decomisadas al delito a la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional Nº 480 “Manuel Belgrano” de la ciudad de Santa Fe. La medida forma parte del programa provincial que busca dar un uso social a los bienes incautados, destinándolos a instituciones educativas y de servicio público.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “estos vehículos fueron quitados al delito y hoy se transforman en herramientas para la educación pública. Muchos de estos bienes antes quedaban abandonados en depósitos o frente a las comisarías; ahora se reutilizan para prácticas formativas”.
Los vehículos —un Toyota Corolla y dos motos— serán utilizados por los alumnos del taller de Automotor de 4° a 6° año, quienes podrán realizar trabajos de encendido, alineación, balanceo y diagnóstico. También algunos estudiantes de Informática participarán en el proceso de reparación y control.
Hasta el momento, la Provincia entregó más de diez autos y motocicletas a escuelas técnicas de Rosario, Pérez y Santa Fe, además de vehículos cedidos a cuerpos de Bomberos Voluntarios para su capacitación en emergencias.
El profesor Federico Wamba, en representación de la escuela, celebró la iniciativa: “Estamos viviendo un hecho histórico. Siempre que veíamos los autos abandonados pensábamos que podían ser una riqueza para los estudiantes. Hoy esos vehículos llegan a la escuela para aprender con autos reales”.
La entrega fue encabezada por el director provincial de Aprad, Martín Domene, junto al senador provincial Julio Garibaldi, el concejal Lucas Simoniello, la concejala electa María Luengo y las autoridades de la institución.
Las instituciones interesadas en recibir bienes decomisados pueden comunicarse con la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales al WhatsApp 341 2760123 o al correo [secretariaderegistros@santafe.gov.ar].
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) administra los bienes secuestrados o decomisados en causas judiciales, asegurando su utilidad social. En el caso de los vehículos, pueden destinarse a escuelas, fuerzas de seguridad, instituciones penitenciarias o de asistencia estatal, además de ser subastados o compactados si no resultan aprovechables.
