Este viernes concluyó la audiencia imputativa contra ocho personas vinculadas a una red criminal que operaba un circuito ilegal de desvío de armas de fuego y municiones, inicialmente adquiridas de manera legal. Según los fiscales encargados de la investigación, los armamentos eran destinados a organizaciones criminales, entre ellas, la liderada por Luciano “Lucho” Cantero, hijo del asesinado líder de la banda Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero.
La audiencia, que comenzó el lunes 23 de diciembre, finalizó este viernes, tras varios días de exposición de pruebas y testimonios. La jueza de Primera Instancia, Melania Carrara, dictó diversas medidas cautelares, entre ellas, la prisión preventiva para algunos de los imputados, que permanecerán detenidos durante el proceso judicial.
Los fiscales Gastón Ávila y Carla Cerliani señalaron que la estructura criminal estuvo en funcionamiento desde noviembre de 2021 hasta octubre de 2024, y que sus miembros operaban con un sistema coordinado y jerárquico. La organización estaba integrada por Lucas P., Javier H., Rodrigo S., Marcelo L., Paulo F., Flavio P., Mauricio L. G. y Marcelo Daniel G., quienes desempeñaban distintos roles dentro de la estructura de desvío de armas y municiones al mercado ilegal.
El mecanismo de desvío
El modus operandi de la banda consistía en la compra de armas de fuego y municiones de manera legal, utilizando la figura del legítimo usuario registrada en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), y luego revenderlas a personas no habilitadas para su posesión. En el caso de Lucas P., uno de los organizadores principales, los fiscales detallaron que adquirió al menos 43 armas de fuego entre 2021 y 2022, utilizando su condición de legítimo usuario registrado. El valor de compra de estas armas superó los 29 mil dólares, y su reventa alcanzó cifras cercanas al doble de su valor original. Además, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022, compró 7,450 municiones por un monto superior a los 6 millones de pesos, todas ellas destinadas a organizaciones delictivas.
Parte del proceso incluía la contratación de personas en situación de vulnerabilidad a quienes se les ofrecía dinero a cambio de tramitar credenciales de legítimos usuarios. Estas personas, conocidas como «prestanombres», gestionaban el trámite para obtener la habilitación de tenencia de armas y, en muchos casos, ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos para obtenerlas. A cambio de su colaboración, Lucas P. les pagaba en efectivo y aseguraba que pasaran sin obstáculos los exámenes físicos y técnicos exigidos por la ANMAC.
Una vez que los prestanombres obtenían sus credenciales, las armas eran adquiridas por los organizadores, quienes las revendían a bandas criminales como la de “Lucho” Cantero, líder de la organización Los Monos. Los fiscales indicaron que en algunos casos, las armas eran compradas directamente por los organizadores, mientras que en otros, se adquirían a nombre de los prestanombres y se entregaban a terceros no autorizados.
Los prestanombres y las armas adquiridas
Federico P. es uno de los prestanombres más destacados de la investigación. Este hombre fue responsable de registrar 35 armas de fuego a su nombre, muchas de las cuales fueron adquiridas de forma directa en armerías y otras a través de transferencias gestionadas por Javier H., otro de los miembros clave de la organización. De las 35 armas, 32 eran pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, mientras que las otras eran de diferentes calibres. Estas armas fueron distribuidas ilegalmente a personas no habilitadas para su tenencia.
Otros imputados, como Armando P. y Pablo S., también adquirieron varias armas mediante el mismo sistema de desvío. Armando P. registró cuatro armas a su nombre, todas adquiridas directamente en armerías, mientras que Pablo S. tiene a su nombre 21 armas de fuego, de las cuales 12 fueron adquiridas mediante transferencias fraudulentas a su nombre.
Por su parte, Lucas P. y Rodrigo S., como organizadores principales, reclutaban y coordinaban la compra y reventa de las armas, mientras que Javier H. se encargaba de gestionar los trámites de las credenciales de legítimos usuarios y entregar las armas a los compradores ilegales. De acuerdo con la investigación, esta red criminal no solo abastecía a bandas como Los Monos, sino que también proveía armas a otros grupos delictivos de la región.
Prisión preventiva y medidas cautelares
Tras la finalización de la audiencia imputativa, la jueza Melania Carrara dictó distintas medidas cautelares para los involucrados. La prisión preventiva por un plazo de un año fue otorgada a los organizadores Lucas P., Rodrigo S. y Flavio P. En tanto, los demás miembros de la organización recibirán penas menores, con prisión preventiva de 8 meses para Javier H., Mauricio L. G. y Marcelo Daniel G., mientras que Marcelo L. y Paulo F. tendrán una medida de 30 días de detención preventiva.
Los fiscales Ávila y Cerliani continuarán con la investigación, con el objetivo de desmantelar completamente esta red de tráfico de armas y municiones y prevenir nuevos desvíos hacia el mercado ilegal.
Este caso pone de manifiesto la magnitud del tráfico de armas en la provincia de Santa Fe y su vinculación con las organizaciones criminales más peligrosas del país. La justicia y la seguridad pública continúan trabajando para frenar esta red que ha sido fundamental en el abastecimiento de armas a bandas delictivas que operan en el territorio.
