El gobernador Antonio Bonfatti promulgó la ley Nº 13455 que declara de interés general y dispone la expropiación del predio conocido como Quinta La Calamita, en la zona rural de la localidad de Granadero Baigorria. En ese lugar funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordaron que “La Calamita fue uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Allí, más de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas”.
El proyecto de expropiación del predio había sido presentado en 2013 por la diputada provincial Alicia Gutiérrez.
“El terreno actualmente es propiedad de un particular”, agregaron desde la cartera provincial. Y consignaron que sobre el lugar “pesa una medida cautelar de la justicia federal para que se hagan excavaciones por posibles enterramientos clandestinos”.
La ley recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo dispone que los terrenos identificados como lote 9 b, que cuenta con una superficie de ocho hectáreas; y 9 a, de dos hectáreas, sean expropiados y destinados al Museo de la Memoria.
Sitio de memoria
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, expresaron que “a partir de ahora comienza un proceso orientado a la preservación del predio y su señalización como sitio de memoria. Desde esa perspectiva se trabaja en conjunto con organismos de derechos humanos, la Municipalidad de Granadero Baigorria y autoridades nacionales”.
Asimismo señalaron que “el gobierno provincial, en el marco de sus políticas de Memoria, Verdad y Justicia, viene señalizando en distintos puntos del territorio sitios de memoria, con el objetivo de referenciar un lugar de reflexión y transmisión de nuestro pasado reciente, y para avanzar en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos”.
En 2013, el gobernador Bonfatti estableció por decreto declarar Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Estos sitios, indicaron desde la Secretaría de Derechos Humanos, son importantes por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad.