La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción este jueves a la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto fue aprobado en general por 37 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, una semana después de que las diferencias dentro de Unidos obligaran a postergar su tratamiento. La iniciativa deberá pasar por el Senado antes de convertirse en ley.
El paquete modifica el Código Procesal Penal y otras normas provinciales, entre ellas las leyes de inteligencia, de la Defensa Pública y orgánica de la Policía. Sus efectos abarcan distintas etapas: cómo se investiga un delito, en qué condiciones puede avanzar un juicio si el acusado no está presente y qué régimen se aplica a las personas presas de alto perfil.
Qué incluye la reforma
- Allanamientos urgentes. En los supuestos excepcionales previstos por el proyecto, el procedimiento podría realizarse sin una orden judicial previa, pero requeriría una orden del fiscal y quedaría sujeto a control judicial. El cambio importa porque la Policía no quedaría facultada para decidir por sí sola el ingreso a un domicilio en esos casos.
- Juicio en ausencia. El texto incorpora la posibilidad de realizar un juicio sin la presencia del acusado en los casos que contemple la reforma. En la práctica, permitiría que el debate avance aun cuando la persona acusada no comparezca, siempre que se cumplan los requisitos previstos para aplicar esa modalidad.
- Presos de alto perfil. La iniciativa prevé un régimen de detención más restrictivo para las personas encuadradas en esa categoría. El cambio se refiere a las condiciones de detención de ese grupo y no al régimen general de la población carcelaria.
- Inteligencia y recompensas. El paquete también modifica normas de inteligencia y el régimen de recompensas, dos herramientas que el Ejecutivo incluyó entre las medidas para fortalecer la investigación de delitos.
Qué quedó afuera del texto
El acuerdo retiró dos de las disposiciones más cuestionadas durante la negociación. Una permitía, en determinadas circunstancias, tomar declaración a un imputado en sede policial sin la presencia obligatoria de su abogado defensor. La otra creaba zonas de intervención especial en sectores afectados por situaciones graves de violencia, donde la Policía habría contado con atribuciones ampliadas. Ninguna de las dos medidas integra el texto que recibió media sanción.
La reforma llevaba alrededor de cinco meses en la Legislatura. Las conversaciones entre radicales y socialistas se extendieron hasta cerca de la medianoche del miércoles y el jueves se retomó el debate en el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales. Allí se acordó el dictamen que llegó al recinto, con cambios planteados durante la negociación y observaciones del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Santa Fe.
El acuerdo que permitió aprobar la reforma de seguridad no evitó los cruces en el recinto. En la previa, durante la apertura de ExpoSeguridad en Rosario, Maximiliano Pullaro había reconocido las diferencias entre los socios de Unidos y admitido que el proyecto podía mejorarse. El jefe del bloque socialista, Joaquín Blanco, defendió los cambios porque, a su juicio, reducen el riesgo de impugnaciones judiciales y permitieron sumar votos por fuera del oficialismo. También apuntó contra Federico Angelini y Cristian Cunha por sus críticas al socialismo durante la negociación. “El mejor aporte que se le puede hacer a un gobernador es no ser alcahuete”, lanzó.
“Nos quisieron poner que estábamos del lado del delito”, dijo la socialista Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La diputada sostuvo que el texto aprobado incorpora herramientas contra el narcotráfico y el crimen organizado dentro de los límites de la Constitución provincial reformada en 2025. También reivindicó las consultas a organismos judiciales, colegios de abogados y asociaciones de víctimas. Desde la UCR, Martín Rosúa coincidió en que los cambios mejoraron el proyecto, aunque cuestionó la demora y defendió la necesidad de ampliar las herramientas del Estado frente a las organizaciones criminales.
La mayoría del peronismo votó en contra. “Hay que ser implacable con los delincuentes, pero hay que ser cuidadosos con quienes son inocentes”, planteó Celia Arena. Lucila De Ponti, por su parte, preguntó qué emergencia justificaba las medidas excepcionales y sostuvo que, a su entender, algunas de las herramientas previstas vulneran tratados internacionales. También sostuvo que el proyecto respondía a “una voluntad de hacer marketing con la política de seguridad”.
Desde el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade sostuvo que la Policía era el “sujeto tácito” de la reforma y calificó de “fenomenal retroceso democrático” el alcance de las facultades que le otorga el proyecto. El espacio de Amalia Granata, en cambio, acompañó la iniciativa en general tras los cambios introducidos en Diputados.
