La sexta subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe cerró con una recaudación récord de $1.645.810.000, la cifra más alta registrada desde la puesta en marcha de estos remates provinciales. La jornada se desarrolló este viernes en la Estación Belgrano de la capital santafesina, con una oferta de 224 lotes que incluyó automóviles, motocicletas, bicicletas, embarcaciones, máquinas recreativas y un inmueble ubicado en Rosario.
El procedimiento fue organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y contó con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro. Según los datos oficiales, 8.796 personas de distintas provincias se inscribieron para participar, una convocatoria que también marcó un récord para este tipo de operaciones en Santa Fe.
Los fondos obtenidos se destinarán a la reparación de víctimas de delitos, el financiamiento de políticas sociales y el sostenimiento de las actividades de la Aprad, el organismo encargado de administrar los bienes recuperados en el marco de investigaciones judiciales.
Una propiedad en Rosario, el lote más caro
La sexta edición reunió la mayor cantidad de bienes ofrecidos desde la creación de la Aprad. El catálogo estuvo integrado por 91 motocicletas, 80 vehículos, 40 bicicletas, dos lanchas, diez máquinas arcade retro para restaurar y un inmueble en Rosario. Entre los resultados más destacados, el lote número 3, correspondiente a la propiedad rosarina, alcanzó el precio más alto de la jornada: $76 millones. En el otro extremo, el lote 24, una máquina arcade, fue adjudicado por $130.000 y se convirtió en el bien más económico de la subasta.
La variedad de artículos permitió reunir a interesados en distintos tipos de bienes, desde vehículos particulares hasta equipamiento recreativo y propiedades. De acuerdo con la información provincial, los elementos ofrecidos provenían de procedimientos relacionados con distintas investigaciones judiciales, entre ellas causas por narcotráfico, corrupción, robos cometidos por motochorros y juego clandestino.
Pullaro: “Vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes”
Durante la apertura del remate, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó la recuperación de activos provenientes de actividades delictivas como una herramienta complementaria de la política de seguridad provincial. El mandatario definió el sistema de subastas como “una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad” y sostuvo que el objetivo es afectar también los recursos económicos de quienes participan en actividades criminales.
“En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue; y a los delincuentes se los encarcela, para que no sigan delinquiendo, pero además vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes, y los ponemos a disposición en estas subastas”, expresó.
En ese sentido, consideró que la realización de los remates representa “un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y la impunidad”. Pullaro también vinculó la cantidad de inscriptos con la confianza de los participantes en el procedimiento organizado por el Estado provincial. “Estamos demostrando que en la Provincia la impunidad se acabó”, afirmó, al tiempo que recordó que parte de los recursos obtenidos se utiliza para reparar a víctimas de delitos y acompañar a organizaciones sociales.
Más de $6.600 millones recaudados en seis subastas
El resultado de esta sexta edición elevó a más de $6.600 millones la recaudación acumulada durante la gestión provincial iniciada en diciembre de 2023. Según el balance oficial, las cinco subastas anteriores habían generado ingresos por más de $5.051 millones, con resultados que fueron creciendo entre las distintas convocatorias.
La primera edición permitió recaudar $451 millones; la segunda, $700 millones; la tercera, $1.200 millones; la cuarta, $1.238 millones; y la quinta superó los $1.500 millones. El nuevo remate, con ingresos superiores a $1.645 millones, estableció así una nueva marca para el programa provincial.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó las características del sistema y afirmó que se trata de una experiencia única en el país. El funcionario explicó que los recursos obtenidos en las cinco ediciones anteriores permitieron avanzar en reparaciones económicas a víctimas de delitos, asistir a más de 60 instituciones y financiar el funcionamiento de la Aprad.
La procedencia de los compradores
Uno de los aspectos centrales del procedimiento es el sistema de verificación aplicado a las personas interesadas en adquirir los bienes. Para participar era obligatorio completar una inscripción previa por internet. Posteriormente, los datos de los solicitantes fueron contrastados con información del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de Investigaciones (PDI).
El objetivo de esos controles fue detectar posibles vínculos entre los interesados y organizaciones criminales, para evitar que los bienes regresaran a manos de estructuras relacionadas con actividades delictivas. En el caso de los vehículos, la Provincia también aplica un mecanismo de bloqueo de dominio y asignación de nuevas patentes. De esta manera, los automóviles y motocicletas vendidos quedan desvinculados registralmente de sus titulares anteriores, una medida destinada a brindar mayor seguridad jurídica a quienes los adquieren.
Qué sucede con los bienes incautados al delito
La Aprad es el organismo provincial responsable de registrar, administrar y establecer el destino de los bienes secuestrados o alcanzados por medidas judiciales en causas penales y contravencionales. Entre los elementos que puede administrar se encuentran automóviles, motocicletas, propiedades, equipos informáticos, teléfonos celulares, joyas y otros objetos de valor económico.
No todos los bienes son necesariamente destinados a subastas. Según sus características y las disposiciones correspondientes, algunos vehículos pueden asignarse a dependencias policiales, establecimientos penitenciarios, instituciones educativas u organismos asistenciales del Estado provincial. Otros elementos pueden entregarse a entidades de beneficencia, mientras que determinados vehículos pueden ser compactados.
El sistema busca dar una utilidad pública a los bienes recuperados y convertir parte de su valor económico en recursos destinados a víctimas, instituciones y programas sociales. Con la sexta subasta finalizada y una recaudación acumulada que ya supera los $6.600 millones, la Provincia alcanzó un nuevo máximo en el programa de remates de activos vinculados a causas judiciales.
