La investigación por presuntas estafas en la agencia de autos MotorSport avanzó este viernes con la imputación de tres personas y el dictado de prisión preventiva para los dos socios del negocio. Juan Gabriel A., de 36 años, y Eduardo Atilio E., de 40, quedaron detenidos, mientras que Noelia Inés E., hermana de este último, continuará el proceso en libertad con restricciones.
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ante la jueza María de los Ángeles Granato. El fiscal Iván Enríquez les atribuyó 67 hechos de estafas reiteradas en carácter de coautores, vinculados con operaciones de compra y venta de vehículos en el local que funcionó en San Martín al 2600. La investigación sigue abierta y podrían incorporarse nuevas imputaciones a medida que se complete la documentación de otras denuncias.
Según la acusación, los involucrados utilizaron la estructura comercial de Rosario Motorsport SAS para captar clientes mediante ofertas de autos usados y cero kilómetro a precios competitivos, con facilidades de pago. Para la Fiscalía, esas condiciones y el trato personal buscaban generar confianza y convencer a los compradores de que las operaciones se concretarían.
Una de las maniobras investigadas consistía en recibir dinero en pesos o dólares, transferencias y vehículos usados como parte de pago, sin entregar después las unidades comprometidas. Entre los damnificados hay personas que dejaron el auto que tenían y abonaron una diferencia con la promesa de recibir un cero kilómetro, en algunos casos dentro de un plazo aproximado de 40 días.
Otra modalidad involucraba a propietarios que entregaban sus vehículos en consignación. Según la investigación, desde la agencia les comunicaban que los autos habían sido vendidos y les hacían firmar la documentación correspondiente, pero luego no les pagaban el dinero de esas operaciones.
La Fiscalía sostiene que los acusados recibían los bienes y fondos con conocimiento de que no cumplirían lo acordado. Las dificultades comenzaron a quedar en evidencia durante los primeros meses del año y las denuncias se multiplicaron en agosto, cuando el conflicto tomó estado público. Los abogados de los clientes advirtieron entonces que los reclamos superaban el centenar.
En paralelo al expediente penal, el Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Rosario rechazó el pedido de concurso preventivo presentado por Alegre y Escarcelo. En esa solicitud, los socios habían fijado el inicio de la cesación de pagos el 4 de junio. La investigación penal continúa para establecer el alcance de las maniobras denunciadas y determinar si corresponde ampliar la acusación.
