Un proyecto presentado en la Legislatura santafesina propone establecer un régimen común para el enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, en adecuación a la Constitución reformada en 2025. La iniciativa de la diputada socialista Lionella Cattalini busca regular la integración y el funcionamiento del nuevo jurado encargado de juzgar a quienes ejercen esas responsabilidades judiciales.
La propuesta reglamenta los artículos 142 y 143 del texto constitucional, que crean el Jurado de Enjuiciamiento, establecen las causales de remoción y fijan los principios del procedimiento. Esos artículos también encomiendan a una ley la regulación del órgano y de la instancia encargada de ejercer la acusación.
Según explicó Cattalini, el objetivo es reemplazar el esquema que asignaba a distintas instituciones el juzgamiento de jueces y fiscales. “Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales, en manos de la Legislatura”, sostuvo.
El jurado previsto en el proyecto estará integrado por un ministro de la Corte Suprema de Justicia; el fiscal general o el defensor general; dos jueces, fiscales o defensores, según corresponda; tres senadores y tres diputados elegidos por sus respectivas cámaras, con representación de las minorías; y dos abogados matriculados en los colegios de la provincia.
La legisladora vinculó la iniciativa con las discusiones sobre independencia judicial y control de las responsabilidades públicas que atravesaron la reforma constitucional. “Durante la reforma constitucional discutimos cómo equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia. También planteamos que quienes tienen responsabilidades judiciales deben contar con mecanismos claros para ser controlados y rendir cuentas”, señaló.
Para Cattalini, establecer un procedimiento común implica modificar el criterio con el que se juzga la actuación de los distintos integrantes del sistema judicial. “Los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas”, afirmó. También planteó la necesidad de dejar atrás lo que definió como una “lógica corporativa” y avanzar hacia un régimen con mayor transparencia y control.
La propuesta deberá ser debatida en la Legislatura para avanzar en su implementación. La diputada convocó a incorporar aportes durante ese tratamiento y sostuvo que la sanción de la ley permitiría concretar el mecanismo previsto por la nueva Constitución.
