Una promesa de rentabilidad mensual del 4 por ciento terminó en denuncias por una presunta estafa de alrededor de cuatro millones de dólares en Rosario. Más de treinta ahorristas quedaron afectados por el cierre de la consultora Ciag y reclaman que la Justicia esclarezca el destino de sus fondos. Los denunciantes sostienen que existen documentos que permiten reconstruir las inversiones realizadas con ese dinero, pero cuestionan las demoras de la investigación y temen que la causa prescriba.
Ciag funcionaba en el quinto piso del Palacio Minetti, en Córdoba 1452, y era conducida por Juan Carlos Culhane. Según Guillermo Giordana, uno de los damnificados y propietario de la oficina que ocupaba la firma, Culhane ofrecía intereses capitalizables y presentaba a la consultora como “un satélite de Rosental”. Aseguraba que el dinero sería colocado en subcuentas respaldadas por una cuenta mayor que funcionaba como garantía. Los inversores afirman que ese mecanismo no se cumplió y que los fondos se destinaron a operaciones a nombre de los responsables de Ciag.
Tras la muerte de Culhane en diciembre de 2017, la consultora continuó bajo la dirección de su esposa, Paola Allegranza. Los problemas se hicieron evidentes a fines de 2020, cuando los clientes comenzaron a encontrar dificultades para retirar sus ahorros y la firma dejó de pagar el alquiler. Las denuncias apuntan tanto a la administración de Ciag como a la presunta intervención de integrantes de Rosental en la gestión de inversiones. Allegranza declaró ante la Fiscalía en agosto de 2023 que desconocía las actividades de su esposo, tenía dificultades económicas y vivía de su trabajo como abogada.
Un hallazgo en la oficina de la consultora se convirtió en uno de los principales elementos del reclamo. En agosto de 2021, Giordana ingresó al inmueble por deudas de expensas y una filtración de humedad, y encontró documentación entre los objetos que habían quedado. Según su relato, había resúmenes de cuentas en Rosental a nombre de Culhane, Allegranza y la madre del fundador de Ciag. Uno de esos registros, fechado en septiembre de 2017, consignaba un saldo superior a los 2,1 millones de dólares. También aparecieron escrituras vinculadas con la compra de 320 lotes en Casilda por 3,25 millones de dólares.
Los ahorristas aseguran que esos papeles, junto con contratos y correos electrónicos aportados a la Fiscalía, permiten seguir el recorrido del dinero hacia propiedades y emprendimientos en Argentina y el exterior. Mencionan inversiones inmobiliarias en Rosario y Casilda, participaciones en hoteles de Perú y Paraguay y bienes en Uruguay. En ese contexto, Santiago Freytes y Jorgelina Vallejos, gerente y subgerente del área Real Estate de Rosental, declararon como testigos. Los denunciantes piden que se investigue qué papel tuvieron en esas operaciones y si existió responsabilidad de la empresa.
El trámite judicial también está bajo cuestionamiento. La investigación estuvo inicialmente a cargo de Miguel Moreno y luego pasó a Federico Aranda, quien posteriormente dejó el Ministerio Público de la Acusación. Los damnificados señalaron demoras en el análisis de dispositivos secuestrados, pedidos de información sin respuesta y falta de medidas cautelares sobre los activos que identificaron. Giordana sostiene, además, que recibió anuncios de futuras imputaciones y procedimientos que no se concretaron. A esos reclamos se suma la preocupación por una eventual prescripción, cuyo plazo depende del encuadre de los hechos investigados.
Con el acompañamiento del diputado provincial Carlos del Frade, un grupo de damnificados llevó sus planteos al fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y a Sebastián Narvaja. El reclamo busca obtener precisiones sobre la continuidad de la causa y medidas que permitan recuperar el dinero. Para los inversores, la documentación aportada ofrece un punto de partida para identificar los bienes y establecer responsabilidades. Después de años sin recuperar sus ahorros, esperan que esos elementos se traduzcan en avances concretos de la investigación.
