El loteo Damfield sumó un nuevo capítulo en el conflicto que mantiene con la Provincia. La Fiscalía de Estado intimó a la empresa responsable del proyecto, ubicado en Funes, a devolver el terreno intervenido a sus condiciones originales y ejecutar tareas para remediar el daño ambiental atribuido a las obras.
El requerimiento lleva las firmas del fiscal de Estado, Domingo Rondina, y de la fiscal adjunta, Natalia Capparelli. Fue dirigido a Davik SA, fiduciaria del Fideicomiso Damfield Funes, y exige la “restitución de las condiciones originales y la remediación del daño ambiental producido” en el predio.
La decisión se apoya en un informe del Instituto Nacional del Agua sobre la cuenca del arroyo Ludueña. El estudio advierte que el emprendimiento se encuentra dentro del vaso de la represa Ingeniero Gualberto Venesia y que las modificaciones realizadas sobre el suelo afectan el escurrimiento natural del agua.
Según el documento citado por Fiscalía, la expansión urbana, los movimientos de tierra y otras intervenciones redujeron la capacidad de almacenamiento del área y aumentaron progresivamente el riesgo hídrico. Las posibles consecuencias alcanzarían a sectores de Funes, Pérez y el oeste de Rosario, ubicados aguas abajo.
La represa Gualberto Venesia cumple una función central en la contención de crecidas dentro de la cuenca del Ludueña. Sin embargo, el informe sostiene que la ocupación y alteración de sectores pertenecientes al embalse disminuyen su capacidad para recibir agua durante episodios de precipitaciones abundantes.
La intimación incorpora además las previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Ante la posibilidad de lluvias intensas durante los próximos meses, la Provincia reclamó el cumplimiento inmediato de las tareas exigidas. “En virtud de que el emprendimiento Damfield se encuentra dentro del vaso de la represa, solicitamos el inmediato cumplimiento de la presente intimación”, señala la resolución.
El conflicto presenta una particularidad: el proyecto había obtenido una primera autorización provincial durante la gestión de Omar Perotti. Posteriormente, ya bajo la administración de Maximiliano Pullaro, las obras fueron paralizadas mediante el Decreto 902/2024.
La Provincia obtuvo una medida cautelar favorable y un fallo de primera instancia, pero el desarrollador apeló y el expediente se encuentra actualmente en la Cámara. Mientras continúa esa discusión judicial, Fiscalía de Estado anticipó que podrá iniciar nuevas acciones legales si la firma no devuelve el predio a su estado anterior y concreta la recomposición ambiental solicitada.
