La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una nueva etapa en el abordaje judicial de los delitos cometidos por adolescentes en Argentina. En Santa Fe, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, fue uno de los primeros funcionarios provinciales en expresar su respaldo a la reforma.
“Hoy se terminó la impunidad, entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil”, sostuvo el dirigente del PRO este sábado a través de sus redes sociales. La norma, identificada como ley nacional 27.801, reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede ser imputada y sometida a un proceso penal.
Angelini afirmó que la legislación busca “proteger a las víctimas” y cuestionó el régimen anterior al considerar que la edad era utilizada como una excusa por bandas y delincuentes para cometer delitos. “Acá, el que las hace, las paga”, agregó el funcionario, quien integró el Ministerio de Seguridad de la Nación antes de incorporarse al gabinete santafesino.
Su postura coincide con la que había expresado meses atrás el gobernador Maximiliano Pullaro, quien se manifestó a favor de reducir la edad de imputabilidad al sostener que quienes cometen delitos graves conocen las consecuencias de sus actos. También la senadora nacional Patricia Bullrich defendió la vigencia del nuevo régimen. “Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar”, afirmó la legisladora, una de las impulsoras de la reforma.
Cambios del nuevo régimen
La principal modificación es que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados por delitos, una posibilidad que hasta ahora se aplicaba a partir de los 16. Sin embargo, la ley no dispone que todos los menores acusados de un delito deban quedar privados de su libertad.
El régimen contempla respuestas graduales, de acuerdo con la gravedad del hecho, las circunstancias de cada caso y las condiciones personales del adolescente. La privación de la libertad queda reservada para determinadas situaciones y deberá ser dispuesta por la Justicia.
Santa Fe ya cuenta con organismos y dispositivos propios para intervenir en causas de justicia penal juvenil. Con la aplicación de la normativa nacional, deberá adecuar sus procedimientos y definir en cada expediente cuál es la medida correspondiente. El esquema previsto para los casos que requieran restricciones de libertad incluye tres niveles. El primero es el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo.
El segundo está conformado por los Establecimientos de Puertas Abiertas, donde los adolescentes pueden permanecer alojados bajo un régimen institucional y con acompañamiento de personal civil. Para los hechos más graves, el sistema contempla los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil, de puertas cerradas y con mayores medidas de seguridad.
