El gobierno nacional consiguió que el Senado otorgara media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió resignar buena parte de su contenido para reunir los votos. Sin los cambios a las leyes de Tierras y Manejo del Fuego, la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger quedó reducida a reformas sobre desalojos, expropiaciones y registros inmobiliarios.
El texto recibió 37 votos positivos y 33 negativos y fue girado a la Cámara de Diputados. El resultado permitió que La Libertad Avanza exhibiera una victoria parlamentaria, pero no alcanzó para disimular el retroceso: los capítulos que habían colocado al proyecto entre las prioridades del Gobierno fueron retirados ante la resistencia de la oposición y la pérdida de respaldo entre sus propios aliados.
La Cámara alta retomó la sesión que había pasado a cuarto intermedio en julio por falta de acuerdos. Desde que recibió dictamen en mayo, la iniciativa acumuló más de 16 modificaciones y fue retirada del temario en cuatro oportunidades porque el oficialismo no contaba con la mayoría necesaria.
El peronismo reclamó que el proyecto regresara a comisión debido a la cantidad de cambios incorporados y al escaso tiempo disponible para revisar la última versión. La moción presentada por José Mayans fue rechazada por 38 votos contra 31, lo que anticipó que el Gobierno estaba en condiciones de aprobar al menos el texto recortado.
El corazón del proyecto, afuera. La principal derrota del oficialismo fue la eliminación de la reforma a la Ley de Tierras Rurales. El proyecto original pretendía suprimir el límite que establece que no más del 15% del territorio rural nacional puede quedar en manos extranjeras. Ante la falta de respaldo, el Gobierno ensayó distintas alternativas y llegó a proponer que el techo se elevara al 25%. Ninguna consiguió reunir los votos suficientes. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, terminó retirando por completo el capítulo para impedir que el rechazo arrastrara al resto de la iniciativa.
La discusión había excedido los límites del Congreso. Organizaciones sociales, políticas y sindicales realizaron movilizaciones y actividades en distintos puntos del país para denunciar una mayor extranjerización del territorio. La presión también alcanzó a gobernadores y legisladores que habitualmente acompañan al Ejecutivo, pero esta vez decidieron tomar distancia.
La exclusión de ese apartado dejó al proyecto sin uno de sus componentes centrales. Aunque el Gobierno buscó presentar la votación como una demostración de fortaleza, el resultado expuso su incapacidad para sostener una reforma que formaba parte del programa desregulador de Sturzenegger.
El oficialismo sufrió otro revés con el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta buscaba modificar las restricciones para cambiar el uso productivo o inmobiliario de terrenos afectados por incendios, incorporadas para desalentar la utilización del fuego con fines especulativos.
Las críticas de organizaciones ambientales y distintos sectores políticos terminaron debilitando los acuerdos construidos por Bullrich. Gobernadores aliados retiraron su respaldo a último momento y dejaron al oficialismo sin los votos necesarios para sostener ese apartado. Entre los mandatarios que marcaron distancia estuvieron Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Hugo Passalacqua, de Misiones; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Frente a ese escenario, Bullrich reunió a los senadores propios y dialoguistas y acordó retirar el capítulo. La senadora se limitó a señalar que existían “distintas miradas”.
La explicación no alcanzó para ocultar el costo político. El Gobierno había defendido las modificaciones como parte de su agenda de desregulación, pero terminó abandonándolas para no quedar en minoría. La media sanción fue posible, precisamente, porque el oficialismo renunció a debatir los puntos que generaban mayor rechazo.
Un proyecto cada vez más reducido
La Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego no fueron las únicas bajas. Durante las negociaciones también quedó afuera la modificación de la Ley 27.453, que declaró de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El texto aprobado conserva apenas tres de los ejes originales: la ampliación de los procesos de desalojo, los cambios al régimen de expropiaciones y la creación de un sistema federal para centralizar trámites inmobiliarios. Bullrich logró evitar una votación adversa, pero a costa de convertir el proyecto en una versión desmembrada de la propuesta presentada por el Ejecutivo. La estrategia también respondió a la necesidad de preservar la relación con los bloques dialoguistas de cara a los próximos debates legislativos.
El oficialismo necesita mantener ese esquema de alianzas para avanzar con el denominado Súper RIGI y la reforma de la Ley de Salud Mental. También espera que Diputados dé media sanción a la nueva ley de Inocencia Fiscal y a los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.
Desalojos más amplios y acelerados
Uno de los capítulos que sobrevivió modifica el Código Civil y Comercial para ampliar la cantidad de personas habilitadas a iniciar un desalojo. La propuesta establece que podrá solicitarlo “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado”. El proyecto también dispone que “el juez podrá ordenar la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil”. La redacción abre la posibilidad de acelerar el procedimiento antes de que se resuelva de manera definitiva la controversia sobre la propiedad o la ocupación.
Cuando el desalojo involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el texto contempla un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional. La brevedad del período fue uno de los puntos cuestionados durante el debate.
Límites a las expropiaciones estatales
En materia de expropiaciones, la iniciativa establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de forma restrictiva. También incorpora el reconocimiento del lucro cesante en la indemnización cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la medida. Otro de los cambios fija un máximo de 90 días para la denominada ocupación temporánea anormal, mecanismo que permite al Estado utilizar transitoriamente un inmueble por razones excepcionales.
El capítulo apunta a restringir la capacidad estatal para intervenir sobre propiedades privadas y amplía los conceptos que pueden integrar la compensación económica. Para el Gobierno, se trata de reforzar la protección patrimonial; para la oposición, las modificaciones subordinan el interés público a una concepción más rígida del derecho de propiedad.
Una ventanilla federal para trámites inmobiliarios. El tercer componente crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que tendrá a su cargo la administración de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. El sistema permitirá abonar tasas y solicitar informes, certificados y copias expedidas por los registros inmobiliarios de las distintas jurisdicciones. Su implementación requerirá coordinación con las provincias, que conservan competencias sobre esos organismos.
Protestas y represión frente al Congreso
Mientras se desarrollaba la sesión, organizaciones sociales, sindicales, políticas y ambientales se concentraron en las inmediaciones del Congreso para rechazar la iniciativa y denunciar las reformas que promovía el Ejecutivo. La movilización continuó bajo la lluvia y fue reprimida por las fuerzas federales desplegadas en la zona. Durante los incidentes, una fotógrafa que cubría la protesta resultó herida.
La presión callejera y el rechazo político terminaron condicionando el resultado dentro del recinto. El Gobierno consiguió enviar el proyecto a Diputados, pero lo hizo después de desprenderse de sus capítulos más sensibles. Más que una victoria plena, la votación dejó expuestos los límites de la alianza parlamentaria libertaria y el creciente costo de avanzar con reformas rechazadas incluso por sectores que suelen acompañarla.
