Un edificio de 27 departamentos ubicado en pleno centro de Rosario quedó este miércoles bajo control del Estado provincial, luego de ser decomisado por orden judicial en una causa por estafa inmobiliaria. El inmueble está situado en Buenos Aires 1063, aparece vinculado al empresario Leandro Pérez y será acondicionado para incorporarlo a una futura subasta pública.
El procedimiento estuvo encabezado por funcionarios de los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad. La intervención tuvo como objetivo concretar la toma de posesión del edificio y relevar el estado de cada una de sus unidades funcionales.
Según explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, los ocupantes habían sido notificados un mes atrás sobre la obligación de restituir el inmueble. La intimación se reiteró la semana pasada debido a que algunas unidades continuaban ocupadas y se habían realizado nuevos alquileres pese a la orden judicial.
Durante el operativo también se constató que un grupo de personas había forzado los accesos e ingresado durante la noche con la intención de instalarse en algunos departamentos. La situación fue advertida al momento de concretar la recuperación del edificio y quedó incorporada a las actuaciones.
Tras finalizar el relevamiento, la Provincia avanzará con las tareas necesarias para poner en condiciones la propiedad. La intención oficial es incluirla en una subasta pública que se realizaría en Rosario entre marzo y abril de 2027.
El secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, señaló que el procedimiento forma parte de la política provincial de recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas. En ese marco, destacó la investigación patrimonial como una herramienta para impedir que los bienes decomisados continúen generando beneficios económicos para las personas involucradas en delitos.
La intervención fue coordinada entre ambas carteras provinciales y el Ministerio Público de la Acusación. Una vez completado el proceso administrativo y judicial, el edificio pasará a integrar el patrimonio estatal y el dinero obtenido mediante su eventual venta podrá ser reutilizado con fines públicos.
