A un año de la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio, la Justicia de Rosario aguarda el resultado de una junta médica que podría definir el rumbo de la investigación. El joven santafesino de 18 años falleció el 29 de julio de 2025, después de someterse a una operación programada por una lesión sufrida mientras jugaba al rugby.
La causa está a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y permanece caratulada como averiguación de causa de fallecimiento. El análisis de los especialistas está previsto para fines de agosto y será central para establecer si existieron responsabilidades penales.
La investigación comenzó de oficio luego de que los familiares de Jerónimo se reunieran con autoridades de la Fiscalía Regional Rosario y manifestaran sus dudas sobre el procedimiento médico realizado en el Hospital Italiano. A partir de ese encuentro, se secuestró la documentación clínica y se tomaron declaraciones al personal que participó de la atención.
Jerónimo estudiaba Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y jugaba en la categoría M19 del Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) de Santa Fe. El 24 de junio de 2025 sufrió un golpe durante un partido frente al CRAR, disputado en Rafaela. Los estudios determinaron que tenía una luxación esternoclavicular posterior derecha, una lesión poco frecuente en la que el desplazamiento de la clavícula puede comprometer estructuras vitales cercanas, como la tráquea, el esófago y grandes vasos sanguíneos. En un primer momento se indicó un tratamiento conservador con antiinflamatorios, inmovilización y reposo.
La cirugía se programó para el 28 de julio. Según los registros de enfermería, Jerónimo ingresó al hospital antes de las seis de la mañana, se encontraba lúcido y orientado, y entró al quirófano por sus propios medios. La intervención comenzó cerca de las 8.45 y durante el procedimiento se produjo la complicación que ahora analiza la Justicia.
De acuerdo con la información reunida por la familia, al movilizar la clavícula se lesionó la arteria subclavia y se desencadenó una hemorragia masiva. Los familiares cuestionaron que antes de la operación no se hubiera realizado una angiotomografía para observar específicamente los vasos sanguíneos y sostuvieron que tampoco había un cirujano cardiovascular en el quirófano ni sangre preparada ante una eventual emergencia vascular. Esos señalamientos deberán ser evaluados por la junta médica.
El cuadro provocó dos paros cardíacos durante la intervención y un severo compromiso de distintos órganos. Después de las maniobras de reanimación, las transfusiones y una cirugía abdominal, el joven fue trasladado en estado crítico a terapia intensiva. La reparación vascular se llevó adelante durante esa misma jornada.
Pese a los tratamientos realizados, su condición continuó deteriorándose. El 29 de julio sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio y murió. No se practicó una autopsia porque el cuerpo fue cremado por decisión familiar antes de que la investigación penal comenzara formalmente.
La causa continúa abierta y todavía no tiene personas imputadas. Las conclusiones de la junta médica prevista para fines de agosto permitirán determinar si la complicación fue inherente a la complejidad de la lesión o si existieron conductas médicas con posible relevancia penal.
