Mientras buena parte de la atención pública permanecía concentrada en el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra y la clasificación del seleccionado a la final del Mundial, el oficialismo sufrió un revés en el Senado. La Libertad Avanza consiguió el quórum para abrir la sesión, pero no reunió los votos necesarios para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y postergó su tratamiento hasta el 6 de agosto.
La iniciativa impulsada por el gobierno nacional propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Además, introduce modificaciones en los regímenes de desalojos, expropiaciones y manejo de los terrenos afectados por incendios.
El proyecto llegó al recinto después de distintas negociaciones y cambios realizados durante su tratamiento parlamentario. Sin embargo, el oficialismo no logró garantizar la mayoría necesaria para darle media sanción y, minutos después de las 15, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó pasar a un cuarto intermedio.
La moción para suspender la sesión y retomarla el 6 de agosto fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. De esa manera, el Gobierno ganó tiempo para continuar las conversaciones con los bloques dialoguistas e intentar reunir los respaldos que todavía le faltan.
El texto fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y plantea una reforma amplia del régimen de propiedad privada. Su punto más controvertido es la derogación de las limitaciones establecidas por la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011.
La normativa vigente establece que las personas y empresas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de la superficie rural de cada provincia, departamento o municipio. También fija un límite máximo de hectáreas para cada comprador extranjero en la denominada zona núcleo y contempla restricciones especiales en territorios que contienen grandes cuerpos de agua o se encuentran ubicados en zonas de frontera.
Si el proyecto obtiene la aprobación del Congreso, esos límites dejarán de aplicarse a las personas y empresas privadas extranjeras. Los controles especiales continuarán vigentes únicamente para los Estados extranjeros y las sociedades que cuenten con participación estatal, que necesitarán una autorización del Poder Ejecutivo nacional y de las provincias involucradas para realizar las operaciones.
El Gobierno sostiene que la modificación permitirá facilitar inversiones y garantizar el ejercicio del derecho de propiedad. Los sectores que rechazan la propuesta, en cambio, advierten que la eliminación de los topes podría favorecer la concentración y extranjerización de territorios que contienen recursos estratégicos, como agua, minerales, bosques y áreas productivas.
La iniciativa también modifica los procedimientos de desalojo. El texto habilita a cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble a solicitar su restitución inmediata, sin necesidad de esperar una sentencia definitiva, siempre que un juez considere verosímil el planteo durante una evaluación preliminar.
En los casos en los que vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin otra alternativa habitacional, la propuesta contempla un plazo de diez días antes de concretar el desalojo. Este capítulo también generó cuestionamientos de organizaciones sociales, jurídicas y de derechos humanos, que señalan que podría reducir las garantías de quienes ocupan o habitan los inmuebles en disputa.
Otro de los cambios alcanza a la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina la prohibición de modificar durante 30 años el destino de las superficies rurales afectadas por incendios y durante 60 años el de los bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales. Esas restricciones fueron incorporadas para impedir que las quemas sean utilizadas como mecanismo para habilitar negocios inmobiliarios o productivos.
En materia de expropiaciones, la propuesta redefine y restringe el concepto de utilidad pública, incorpora el pago del lucro cesante debidamente acreditado dentro de las indemnizaciones y limita las ocupaciones temporarias realizadas por el Estado a un período máximo de 90 días.
La reacción de Milei
El presidente Javier Milei se refirió a la postergación de la sesión. En el discurso que brindó por el 172 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mandatario se refirió a lo que fue la fallida sesión y cuestionó a los parlamentarios. “Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar, cosa que históricamente en Argentina los distintos gobiernos se han dedicado a robarle a los argentinos”, comenzó en el discurso el jefe de Estado.
“Aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión, con lo cual también juega un rol fundamental el derecho de propiedad. Y es por eso que no es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”, continuó.
“Respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente. Además, resulta interesante como principio de revelación, porque aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, está claro que esos son los enemigos del progreso”, ahondó el presidente.
