El Gobierno de Santa Fe resolvió aplicar una severa sanción al Club Atlético Carcarañá tras los graves incidentes ocurridos el domingo pasado durante la final de la Liga Cañadense, que derivaron en el asesinato del policía Damián López. La institución deberá disputar todos sus partidos como local a puertas cerradas hasta el 31 de diciembre de 2027 y tampoco podrá llevar público en condición de visitante.
La medida fue anunciada este martes por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, que además solicitó a la Liga Cañadense de Fútbol que evalúe la aplicación de nuevas sanciones disciplinarias contra el club, entre ellas una eventual desafiliación, decisión que dependerá exclusivamente de las autoridades de la entidad deportiva.
Los hechos se produjeron al finalizar el encuentro entre Cremería de Carcarañá y Sportivo Las Parejas. Durante la desconcentración de la parcialidad visitante, efectivos policiales que participaban del operativo de seguridad fueron atacados y, en ese contexto, el oficial Damián López sufrió una violenta agresión que le provocó heridas de extrema gravedad. El agente fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), de Rosario, donde falleció al día siguiente.
La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Baños y ya permitió la detención de dos hombres de 35 años, ambos identificados como hinchas de Cremería. Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, en las localidades de Carcarañá y Correa.
Al dar a conocer la resolución, el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, explicó que el club no podrá disputar encuentros con presencia de público durante todo lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. La restricción alcanzará tanto a los partidos de primera división como de reserva. Además, cuando el equipo juegue como visitante, únicamente podrán ingresar los futbolistas, el cuerpo técnico y los dos delegados exigidos por el reglamento de la Liga Cañadense.
Velázquez confirmó también que el Ministerio recomendó a la Liga Cañadense evaluar otras medidas institucionales contra la entidad. “Cada liga tiene su estatuto y entiendo que una de las posibilidades es la desafiliación, aunque esa decisión corresponde exclusivamente a la liga”, señaló.
El funcionario advirtió que el episodio refleja un preocupante aumento de la violencia en el fútbol regional y sostuvo que debe convertirse en un punto de inflexión. “Estamos observando un comportamiento cada vez más violento, tanto de las hinchadas como de los propios jugadores. Tenemos que sentar un precedente y asumir que esta responsabilidad es compartida. Es responsabilidad de los dirigentes de los clubes, de los municipios y comunas, de la Policía y también del Ministerio de Justicia y Seguridad”, afirmó.
Finalmente, Velázquez remarcó la gravedad institucional del crimen al señalar que el homicidio ocurrió dentro de un club y durante un evento deportivo. “Es extremadamente grave que un policía haya sido asesinado dentro de las instalaciones de un club. No ocurrió en la vía pública ni durante una persecución. Todos los fines de semana recibimos reportes de peleas entre jugadores, agresiones y hechos inadmisibles. Esto tiene que marcar un antes y un después”, concluyó.
