La paralización judicial del controvertido parque acuático proyectado en la zona de La Florida derivó en una nueva propuesta dentro del Concejo Municipal. El edil y referente opositor Juan Monteverde planteó avanzar con las obras de puesta en valor de la Rambla mediante una licitación independiente, dejando afuera el emprendimiento que actualmente se encuentra cuestionado en los tribunales.
De esa forma, la iniciativa pretende separar las intervenciones urbanísticas contempladas para el sector costero de la construcción del parque acuático, actualmente frenada por una medida judicial. Según planteó Monteverde, existe consenso respecto de la necesidad de renovar y poner en valor la infraestructura pública de la zona, pero persisten objeciones sobre la incorporación del complejo privado dentro de ese espacio. “Para separar las mejoras en la Rambla, que todos las queremos, de las obras del parque acuático, presenté un proyecto en el Concejo para que la Municipalidad avance con las obras de La Florida mientras la Justicia decide”, sostuvo el dirigente opositor.
La propuesta solicita que el Ejecutivo remita al Concejo el detalle técnico de todas las obras previstas originalmente para el sector, con el objetivo de que el cuerpo pueda analizarlas y “aprobar rápidamente” una nueva licitación que contemple exclusivamente las intervenciones sobre el espacio público. Entre ellas se encuentran la reparación estructural del conducto Piaggio, una obra reclamada desde hace años por su impacto ambiental, mejoras en la rambla, infraestructura urbana, accesibilidad y recuperación del entorno costero.
“Queremos que el municipio pueda llamar a una nueva licitación para que se hagan todas las mejoras de la Rambla, pero sin incluir el parque acuático”, señaló Monteverde. Además, reclamó que la discusión vuelva al ámbito legislativo local. “Hay que retomar el debate donde corresponde, que es el Concejo. Acá están las herramientas legales para destrabar las obras y desvincularlas del freno judicial que hoy tiene el proyecto”, afirmó.
La presentación se produce poco más de una semana después de que la Justicia ordenara suspender de manera provisoria el avance del parque acuático. La medida fue dictada por el juez Civil y Comercial Luciano Juárez, quien resolvió suspender los efectos del decreto municipal que había convocado a la licitación de la obra.
La precautelar respondió a una presentación realizada por el propio Monteverde y Ciudad Futura, que cuestionaron distintos aspectos administrativos y urbanísticos del proyecto. En su resolución, el magistrado sostuvo que existían elementos suficientes para adoptar una medida preventiva ante la posibilidad de que se generaran daños irreparables sobre bienes públicos y derechos colectivos mientras se discutía el fondo de la cuestión.
Entre los argumentos mencionados por la Justicia figuraron el vallado del predio y la demolición del histórico bar Mordisco antes de que existiera una adjudicación definitiva de la obra. Además, el juez se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo y remitió las actuaciones a la Cámara Civil, que deberá continuar con el trámite judicial.
Repercusiones en el Palacio Vasallo. La nueva propuesta de Ciudad Futura no pasó inadvertida dentro del oficialismo. El concejal Fabrizio Fiatti salió al cruce de la iniciativa y cuestionó la postura de Monteverde. “No se puede estar de los dos lados al mismo tiempo. Fuiste vos quien presentó en la Justicia el pedido para frenar las obras y ahora pretendés hacer creer que querés que avancen. La verdad es que no te ponés de acuerdo ni con vos mismo”, afirmó. El edil oficialista sostuvo además que el proyecto constituye una contradicción política. “Los rosarinos merecen menos show político y más honestidad”, agregó.
La discusión refleja uno de los principales ejes del debate que rodea al proyecto desde su presentación. Mientras el municipio sostiene que el parque acuático forma parte de una intervención integral destinada a revitalizar el frente costero norte, sectores de la oposición, organizaciones ciudadanas y vecinos cuestionan la incorporación de una explotación privada dentro de un espacio público de acceso libre.
Entre quienes rechazan la iniciativa se repite un argumento: la necesidad de diferenciar las mejoras urbanas de la construcción del parque acuático. “La zona necesita mejoras desde hace años. Lo que no queremos es un parque acuático en ese lugar”, sostienen quienes se oponen al proyecto. En la misma línea, plantean que “nadie se opone a renovar la Rambla; lo que se cuestiona es la privatización de un espacio público para desarrollar un emprendimiento que no cuenta con consenso social”.
Con la cautelar todavía vigente y la definición judicial pendiente, la discusión por el futuro de La Florida volvió a trasladarse al terreno político. La propuesta de Ciudad Futura busca abrir una vía alternativa para ejecutar las mejoras urbanas previstas en la zona sin esperar el desenlace de la causa que mantiene frenado el parque acuático, uno de los proyectos más discutidos de la actual gestión municipal.
