La investigación por las denuncias de presunto abuso sexual en el jardín de infantes Nº 261 “Paulo Freire” de barrio Empalme Graneros registró este miércoles un importante avance judicial. El portero de la institución, identificado como R. L., de 55 años, fue imputado por delitos contra la integridad sexual de menores y quedó en prisión preventiva efectiva por 90 días por disposición del juez Rafael Coria.
La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal bajo reserva y sin acceso para la prensa. La fiscal Antonela Valente, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, atribuyó al acusado tres hechos distintos vinculados a tres menores que asistían al establecimiento educativo. Según la acusación, todos los episodios fueron considerados consumados y se encuentran agravados por la función que desempeñaba dentro de la institución, donde cumplía tareas como portero y responsable de la puerta de ingreso.
De acuerdo con la imputación, uno de los hechos involucra a un niño de 4 años y habría ocurrido en reiteradas oportunidades dentro del jardín. La Fiscalía también le atribuyó haber proferido amenazas para evitar que la víctima relatara lo sucedido. Los otros dos hechos imputados corresponden a menores que concurrían al mismo establecimiento y habrían sido revelados el 10 de junio, cuando comenzaron a conocerse las denuncias.
Al término de la audiencia, Valente explicó que la imputación se limitó a los casos sobre los que la Fiscalía logró reunir elementos suficientes durante los primeros días de investigación, aunque aclaró que el expediente continúa creciendo. “Se imputaron tres hechos distintos en el marco de tres investigaciones. Hay más denuncias que siguen siendo investigadas”, señaló.
La fiscal indicó además que actualmente existen más de once denuncias incorporadas a la causa y que continúan desarrollándose medidas investigativas bajo reserva. En ese marco, sostuvo que el pedido de prisión preventiva estuvo fundamentado en la gravedad de los hechos atribuidos, la multiplicidad de denuncias y la necesidad de preservar el avance de la investigación.
El juez Coria tuvo por formalizada la imputación y ordenó la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días. Además, dispuso que la medida se prorrogue automáticamente hasta la finalización de la audiencia preliminar en caso de que la Fiscalía presente la acusación y solicite la elevación de la causa a juicio antes del vencimiento de ese plazo.
Respecto de las evidencias reunidas hasta el momento, Valente explicó que las primeras declaraciones fueron tomadas por equipos especializados en la Comisaría de la Mujer, con intervención de profesionales de la psicología y personal del Ministerio Público de la Acusación. Según indicó, los relatos obtenidos presentaron coincidencias relevantes y aportaron elementos que permitieron avanzar con la imputación formal.
Durante la audiencia, el acusado hizo uso de la palabra y negó los hechos atribuidos. Fue asistido por la Defensa Pública y, según informó la Fiscalía, no registra antecedentes penales.
La causa se inició tras la detención del portero el pasado 10 de junio. Ese mismo día se registraron momentos de tensión frente al jardín, donde familiares y vecinos protagonizaron protestas y reclamaron respuestas por parte de las autoridades. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Educación provincial resolvió intervenir la institución y reemplazar a todo el personal, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.
La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, explicó que el objetivo es garantizar el acompañamiento de los niños y colaborar con la investigación judicial. También confirmó que se designará un nuevo equipo directivo y que se cubrirán nuevamente los cargos docentes y de asistentes escolares mediante los mecanismos previstos por el sistema educativo provincial.
Mientras tanto, las clases continúan suspendidas y persiste la incertidumbre entre las familias. Varias solicitaron el traslado de sus hijos a otros establecimientos educativos, una posibilidad que las autoridades provinciales aseguraron que será analizada caso por caso mientras avanza la investigación judicial.
