Una auditoría realizada por el Gobierno de Santa Fe derivó en una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad de Santa Fe, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en la utilización de fondos públicos otorgados a través del programa Tarjeta Institucional. Además, la organización fue dada de baja del sistema de asistencia y dejó de recibir aportes provinciales.
La investigación se inició a partir de los controles periódicos que realiza el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano sobre los recursos destinados a comedores y espacios comunitarios. Según informaron desde la Provincia, las rendiciones presentadas por la institución no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta utilizada para administrar los fondos.
De acuerdo con los informes elaborados durante la auditoría, parte del dinero que debía destinarse a la compra de alimentos para el funcionamiento de un comedor comunitario aparece vinculado a consumos en comercios que no guardan relación con los objetivos del programa. Entre ellos figuran gastos realizados en locales de comida rápida, como McDonald’s, además de bares, restaurantes céntricos y kioscos.
Ante estas inconsistencias, el Gobierno provincial resolvió presentar una denuncia penal y remitir toda la documentación recopilada a la Justicia para que determine si existió una utilización indebida de recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria de sectores vulnerables.
Desde la administración santafesina remarcaron que la Tarjeta Institucional sólo puede recibir depósitos realizados por el propio Estado provincial y que los fondos deben emplearse exclusivamente para la compra de insumos y alimentos destinados a los beneficiarios de los programas sociales. Por esa razón, sostienen que todos los consumos realizados con esa herramienta deben estar directamente relacionados con el funcionamiento de los espacios comunitarios asistidos.
Vínculo con Luciano “Chano” Rossi. La organización denunciada estuvo vinculada hasta abril de 2024 al dirigente social Luciano “Chano” Rossi. Su nombre ya había tomado notoriedad pública luego de que el gobierno provincial dispusiera su exoneración de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025.
Según informó entonces la Provincia, una investigación administrativa determinó que Rossi había concurrido a trabajar 651 días y acumulado 1452 inasistencias durante un período de 2103 jornadas laborales. A partir de esos registros se resolvió su desvinculación definitiva de la empresa estatal.
El caso también fue utilizado por el Gobierno como ejemplo de los cambios implementados en los mecanismos de ingreso a la EPE. Rossi había accedido a la empresa en 2015 bajo un sistema de reemplazo familiar que ya no se encuentra vigente, ya que la actual gestión estableció el ingreso mediante concursos públicos.
Controles y seguimiento. Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial señalaron que las auditorías forman parte de una política permanente de control sobre los fondos transferidos a organizaciones sociales y comunitarias. El objetivo, indicaron, es garantizar que los recursos destinados a la asistencia alimentaria lleguen efectivamente a las personas que los necesitan y detectar posibles desvíos o irregularidades en su utilización. Con la denuncia ya presentada, será ahora la Justicia la que deberá determinar si existieron responsabilidades penales en el manejo de los fondos otorgados a la asociación.
