El paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro comenzó a generar un fuerte debate político, judicial y académico en Santa Fe. El proyecto, ingresado a la Legislatura provincial, propone ampliar facultades para las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación con el argumento de agilizar la lucha contra el delito, aunque desde distintos sectores ya advierten sobre posibles afectaciones a garantías constitucionales.
Mientras el oficialismo intenta consolidar apoyos para avanzar con la iniciativa, crecieron las críticas de dirigentes opositores, abogados y especialistas en derecho penal, que cuestionan el alcance de algunas medidas y alertan sobre un posible endurecimiento del sistema penal santafesino.
Cambios en el Código Procesal Penal. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo modifica nueve artículos del Código Procesal Penal, incorpora uno nuevo y además introduce cambios en otras seis leyes provinciales vinculadas al funcionamiento de la seguridad y la investigación criminal. Desde la Provincia sostienen que se trata de un conjunto de “herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, destinadas a acelerar investigaciones y darle mayor capacidad de acción a policías y fiscales.
Sin embargo, el contenido del proyecto generó inquietud incluso dentro de sectores del oficialismo legislativo. En la Cámara de Diputados ya comenzaron las discusiones internas y varios referentes admiten, por lo bajo, que el texto difícilmente avance sin modificaciones. Entre las primeras voces críticas apareció el Colegio de Abogados de Santa Fe, donde uno de sus institutos cuestionó aspectos del proyecto por considerar que podrían vulnerar principios constitucionales.
Debate político y tensión en la Legislatura. Aunque el proyecto todavía permanece en comisiones, el debate ya atraviesa a los distintos bloques políticos. Uno de los principales defensores de la reforma es el diputado radical Martín Rosúa, alineado con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. El legislador aseguró que las medidas permitirán “actuar más rápido, investigar mejor y prevenir delitos”.
Desde la oposición, en cambio, las críticas fueron contundentes. El diputado Carlos del Frade calificó el paquete como un compendio de políticas de “mano dura” y aseguró que “Santa Fe va camino al fascismo”. En la misma línea, el legislador Fabián Palo Oliver sostuvo que el proyecto configura “un orden jurídico para un Estado totalitario que violenta el sistema democrático”.
Incluso dentro de sectores aliados al oficialismo surgieron cuestionamientos por la viabilidad constitucional de algunos puntos. En ámbitos legislativos reconocen que el texto probablemente deba ser “morigerado”, “atenuado” o incluso “podado” antes de llegar al recinto.
La defensa del gobierno provincial. En paralelo a las críticas, el gobierno santafesino salió a defender con firmeza la iniciativa. La vocera provincial, Virginia Coudannes, sostuvo este jueves en Rosario que el nuevo paquete legislativo forma parte de la estrategia de seguridad que impulsa la gestión de Pullaro y aseguró que la Provincia “no va a retroceder ni un paso contra los delincuentes”.
“Santa Fe atraviesa una baja histórica en materia de violencia altamente lesiva porque tiene un plan de seguridad ordenado”, afirmó la funcionaria. Coudannes remarcó que el actual gobierno encontró en 2023 “una provincia signada por las mafias, el delito y la sangre derramada”, y aseguró que la actual gestión avanzó con “planificación, inversión y conducción política real”.
Además, defendió el endurecimiento de las medidas y apuntó contra sectores opositores y dirigentes vinculados al kirchnerismo. “El gobernador Pullaro devolvió paz y orden a la sociedad, un slogan que el peronismo usó mucho pero sin invertir un peso en seguridad”, sostuvo.
Allanamientos, búnkeres y ciberpatrullaje
Entre los puntos más sensibles del proyecto aparece la posibilidad de realizar allanamientos automáticos en casos de portación ilegal de armas de fuego en la vía pública. Según difundió la Provincia, la intención es agilizar investigaciones bajo la presunción de que puedan existir más armas o conexiones con actividades delictivas.
Otro aspecto polémico es la posibilidad de demoler búnkeres vinculados a la venta de drogas por decisión fiscal y sin autorización judicial previa en determinadas circunstancias excepcionales.
La iniciativa también incorpora nuevas herramientas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje, habilitando capacidades ampliadas para el análisis de dispositivos electrónicos, cuentas digitales y recuperación de datos, siempre bajo autorización judicial.
Seguridad y recuperación de Rosario. Durante la conferencia, Coudannes también vinculó la política de seguridad con indicadores económicos y turísticos. La funcionaria sostuvo que la reducción de homicidios permitió recuperar la imagen de Rosario y generar mejores condiciones para la llegada de visitantes.
Según señaló, mientras en el mismo período de 2023 se contabilizaban alrededor de 180 homicidios en la provincia, actualmente la cifra ronda los 54 casos. “Hoy podemos pensar en una Rosario y una provincia que reciban turistas con tranquilidad”, afirmó.
En ese marco, aseguró que durante el primer cuatrimestre se registró un crecimiento cercano al 20 por ciento en las personas que pernoctan en Santa Fe en comparación con 2025. Mientras tanto, el proyecto seguirá en discusión dentro de las comisiones legislativas, donde el oficialismo buscará sostener el respaldo político necesario para avanzar con una de las reformas más sensibles en materia de seguridad de los últimos años en la provincia.
